Este primero de julio entra en vigor la reforma del Código Penal, que, aunque con no poco retraso, incorpora importantes novedades que afectan a los profesionales sanitarios. Entre las más destacadas, es preciso mencionar la nueva consideración de las agresiones, que se tipificarán como
delito de atentado y se castigarán con penas de prisión de uno a cuatro años. También se agrava el
delito de intrusismo, que tendrá una mayor sanción. Ambas circunstancias, especialmente la primera, han sido graves quebraderos de cabeza para las profesiones sanitarias, y más en concreto para sus organizaciones representativas, que han hecho todo lo posible por concienciar sobre un problema que hace solo unos años sencillamente no existía, pero que en muy poco tiempo se ha convertido en una tremenda inquietud en el ejercicio sanitario. El nuevo Código Penal refuerza la autoridad del profesional ante el paciente y sus familiares, a los que a partir de ahora va a salir muy caro recurrir a la violencia verbal o física para dirimir las posibles diferencias que surjan en la atención o el tratamiento. En paralelo a este reconocimiento social de los sanitarios se incluye también la mayor penalización del intrusismo, que pretende prestigiar la profesión y evitar la competencia peligrosa e ilegal de personas que carecen de la correspondiente titulación y cuyo ejercicio, de hecho, puede generar aún más frustración y violencia en el paciente. Lástima que el nuevo Código no haya incluido esta misma protección para los
profesionales que ejercen en el ámbito privado y que quedan como la asignatura pendiente para una próxima y esperemos que no muy lejana reforma.
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