Cada año hay cerca de
100.000 nuevas contiendas a dirimir en los juzgados, lo que implica una excesiva judicialización de la sanidad. Los motivos pueden ser la búsqueda de compensación al dolor o el intento de obtener rentabilidad económica, en ocasiones con el apoyo y el aliento de los asesores jurídicos. Esto está produciendo como resultado que el médico, ‘acosado’ por la consecuencia jurídica a la que podría conducir su práctica, no toma decisiones de riesgo por miedo a la posterior reclamación, sometiendo al paciente a multitud de pruebas, sobre todo analíticas y de imagen ante el miedo a la demanda.
La práctica sanitaria es una actividad que conlleva un inevitable margen de riesgo legal. Sin embargo, un excesivo temor de los médicos a ser demandados puede desarrollar una conducta encaminada a tratar de reducir a mínimos las opciones de sufrir una reclamación, lo que infringe lo previsto en las leyes y en los
códigos deontológicos de las profesiones sanitarias, que recogen con claridad que la
medicina defensiva es contraria a la ética. Por eso hay que lanzar un
mensaje de tranquilidad a los profesionales porque, a pesar de que el número de reclamaciones han aumentado en los últimos años, no ha sucedido igual con la cantidad de condenas.
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