A pesar de que no se reconozca públicamente,
el Ministerio de Sanidad es un departamento intervenido. Nada que salga de él puede aplicarse sin haber pasado por los raseros de
Hacienda, Economía y Competitividad o la propia Oficina Económica de Presidencia de Gobierno. Una serie de obstáculos que con condiciones draconianas ha provocado que algunos de los más ambiciosos proyectos se hayan quedado en agua de borrajas, dadas las pocas posibilidades de que salgan adelante en un gobierno con otra bandera ideológica.
El más sangrante caso de este fenómeno es, sin duda, el
real decreto de precios y financiación de los medicamentos, una iniciativa legislativa que llevaba encima de la mesa de la Dirección General de Farmacia desde hace dos años y que por obstáculos del propio Gobierno no podrá salir adelante.
Dado que el de Sanidad es un departamento eminentemente regulador... ¿qué función se le supone, si otros ministerios y la propia presidencia ponen barreras a esta capacidad? La causa de esta situación, dicen, es el
temor al impacto económico de las medidas de política sanitaria. Es curioso que el mismo miedo, pero por su impacto social, no exista cuando se propone a Europa que tanto estas partidas como las de educación pierdan peso en el PIB para 2016. Qué cosas.
Todo esto ha llevado a que se genere una
alto grado de animadversión dentro del Ministerio contra el propio Gobierno. Sin embargo, esta situación de tensión ha tenido sus satisfacciones en forma de pequeñas rebeliones . O al menos eso es lo que parecen los nuevos precios de referencia, una contestación por parte de Sanidad a Presidencia que incluye un sonoro:
'zapatero, a tus zapatos'.
Como viene contando este periódico (y un servidor), la principal razón por la que se ha venido retrasando la publicación de la nueva orden ha sido por las reclamaciones de los 'chicos de Rajoy', que habían pedido
más bajadas de precios en los medicamentos, particularmente en el ámbito de los
ponderados, una fórmula de precios que fue creada para que el mercado español no quede desabastecido de determinados fármacos de muy bajo coste considerados esenciales, de manera que su precio se decide 'al alza' para que sea rentable para los laboratorios comercializarlos).
Sin embargo, la orden finalmente publicada lo que ha venido a reflejar son incrementos y subidas en estos precios respecto al borrador que se dio a conocer hace unos meses. El logro de Presidencia se ha reducido a que, en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2016, se vaya a incluir su sistema de cálculo, que como tantas y tantas cuestiones relacionadas con la financiación pública de medicamentos se desconocía (y se desconoce).
Pero no nos confundamos:
unas simples gotas no hacen un océano. Los obstáculos para los proyectos sanitarios siguen ahí, como demuestra el ejemplo del real decreto de gestión clínica. A esto se suma el vacío de poder que van a dejar Alfonso Alonso, cada vez más atento a los asuntos del Partido Popular en el País Vasco que preside y a la campaña electoral, y Rubén Moreno, que tendrá que dejar la Secretaría General de Sanidad que dirige para hacerse un hueco en las listas electorales de los populares en las elecciones generales del 20 D.
Todo parece indicar que
José Javier Castrodeza será el sustituto de Moreno. ¿Seguirá siendo el de Sanidad un ministerio de capacidades mermadas bajo su mando? Escaso tiempo tendrá para demostrar lo contrario.
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