La política, tan denostada en nuestros días, sirve precisamente para orientar y encauzar asuntos tan delicados como el generado con el tratamiento del virus de la hepatitis C (VHC). El Consejo Interterritorial celebrado este miércoles ha sido una buena prueba de ello, puesto que, sin política, cualquier decisión hubiera sido posible: desde la más demagógica a la más reaccionaria. Afortunadamente,
nuestras autoridades sanitarias han demostrado que saben poner cordura, decidir con rigor y, de paso, ganar tiempo en un tema que, de repente, ha ganado una importancia superlativa, que no tenía en absoluto solo hace unos meses.
Básicamente, lo que el Ministerio y las autonomías han acordado es dar prioridad a la obtención de una información precisa y detallada sobre la situación actual de la enfermedad, el alcance de la infección, cuántos pacientes hay, en qué grado se encuentran y cuál es el tratamiento que están recibiendo, si es que tienen prescrito alguno. Una vez conocidos todos estos extremos, entonces será posible hablar de financiación, apelando a esa máxima que hizo furor, no exento de controversia, hace unos años en el sector: que el dinero siga al paciente.
Y cuando el dinero siga al paciente de VHC, no podrá seguir de la misma manera a un cirrótico que a un enfermo catalogado como tipo F3. Casualmente, esto es lo que parecen haber pretendido las voces altisonantes que llevan semanas reivindicando tratamientos para todos, de inmediato y a cualquier precio. Obviamente, la respuesta a esta proclama ha de ser no. Y con ello,
no se está negando el tratamiento a nadie que lo precise ni lastimando la equidad del sistema. Simplemente, se está intentando gestionar una prestación sanitaria con el máximo rigor desde una responsabilidad administrativa apoyada en el conocimiento clínico.
Pero para situar el dinero en la senda de la enfermedad, primero hay que conocerla en detalle. Por eso, no parece el momento de hablar de un fondo adicional o específico, como han propuesto desde las filas socialistas, cuando no se conoce con exactitud la cifra a la que habrá de hacer frente el Sistema Nacional de Salud. Con todo, el ministro Alonso parece tener bien presente desde el principio el escenario competencial de la asistencia sanitaria, y en sus declaraciones posteriores al Consejo, no ha disimulado el hecho de que serán las autonomías las encargadas de suministrar y financiar el tratamiento que los clínicos determinen. "Son los médicos los que prescriben, no los políticos (...) son los profesionales los aliados de los pacientes con hepatitis C", ha subrayado Alonso muy hábilmente.
La evolución del problema, por tanto, puede que termine alcanzando a otros, habrá pensado el ministro, al que sí le compete negociar con la industria un precio lo más razonable posible para el sistema, sin por ello lastimar las legítimas aspiraciones de la industria innovadora para rentabilizar su larga y ardua labor investigadora. Uno de los puntos de partida en este sentido se ha conocido ahora:
un tratamiento de sovaldi durante doce semanas cuesta por encima de los 40.000 euros. Seguro que hay margen de maniobra. En uno y otro sentido, pero las presiones no ayudan a nadie y, ojo, pueden llevar al tropiezo.
El prometido plan nacional, que tendrá que estar listo lo antes posible, solventará muchas de las actuales dudas que genera este asunto, gran protagonista sanitario en este comienzo de 2015. Eso sí, de momento el ejercicio de la política parece haber conseguido encauzar hacia la cordura y el buen entendimiento un problema que parecía más próximo a desatarse sin control alguno.
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