Persiste el ajuste

Si hay algún sector especialmente escéptico con el vigor de la recuperación económica ese es el sanitario, más pendiente de que no se produzcan nuevos recortes que de poder recuperar los niveles de actividad y gasto de hace unos años. A la luz del documento del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para introducir nuevos ajustes que permitan generar más ahorros –que se sumarían a los ya generados, nada desdeñables-, es evidente que la sanidad sigue en el punto de mira en la acción política de las administraciones para reducir el gasto.

La autoría de esta batería adicional de medidas es confusa y su planteamiento, tan repentino como algo extraño. La recopilación es obra de Hacienda, aunque, al parecer, hay muchas y variadas aportaciones procedentes de las autonomías. Sin embargo, ningún Ejecutivo regional ha enseñado hasta el momento la patita, diciendo esta boca es mía, esta medida va por mi cuenta. Parece que puede más el miedo a la crítica, a la que las administraciones sanitarias siguen lamentablemente familiarizadas en los últimos tiempos.

En la nueva ración de ajuste, que ya veremos en qué queda finalmente, hay de todo porque casi todo cabe en el genérico Medidas de racionalización y mejora de la eficiencia del gasto público: límites, reducciones, revisiones, evaluaciones, centralizaciones y, sobre todo, copagos, muchos copagos. Tantos que la antaño palabra maldita se ha convertido en nuestros días en una de las más usadas y casi enarboladas como la varita mágica que permitirá a España cumplir con el déficit. Pero, además, el copago lastima la consideración de la asistencia sanitaria como un servicio público, gratuito y universal.

En su discusión, planteada inicialmente para el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera de la semana que viene, sería conveniente aplicar el máximo de lealtad y consenso políticos, con el propósito de que las medidas que se lleven finalmente a cabo, y sobre todo su intensidad, cuenten con un respaldo mayoritario por parte de los partidos. Así será más posible explicar la decisión a la ciudadanía y, por extensión, aproximarse a lograr el objetivo de ahorro perseguido.

Con todo, las administraciones deben saber, comenzando por el Gobierno central, que el sector no va a recibir bien ninguna medida adicional que suponga recorte o ajuste. De ninguna manera. El esfuerzo realizado por muchos agentes sanitarios hace tiempo que llegó a un límite insospechado y, desde luego, ni la propaganda ni tampoco la pedagogía servirán para que los nuevos sacrificios sean asimilados y aceptados con naturalidad. Los gobiernos tienen la obligación de emplearse a fondo para explicar por qué la sanidad debe seguir apretándose el cinturón y por qué no parece haber otras alternativas.

El Ministerio de Sanidad y las consejerías del ramo llevan tiempo intentando enderezar el Sistema Nacional de Salud, explicando por todos lados que los recortes eran inevitables para salvaguardar las esencias del modelo y, en algunos casos, que lo peor ya había pasado. Pero si los recortes se reproducen, e incluso llegaran a ampliarse, va a ser muy complicado que el sector entienda esta suerte de ensañamiento. Y va a terminar teniendo razón el portavoz socialista, Martínez Olmos, cuando asegura que las nuevas medidas son la prueba inequívoca de que el ministro Montoro es quien manda en la sanidad.

Para que esto no ocurra nuestros representantes políticos, empezando por la ministra Ana Mato, deben recuperar la iniciativa y trazar líneas rojas que no puedan ser traspasadas en ningún caso, no importa la contundencia de los argumentos económicos que se puedan plantear. Pueden estar seguros nuestros políticos sanitarios que en esa defensa tendrán a todo el sector tras ellos.