El actual sistema de financiación autonómica está muerto, por lo menos en lo que a sanidad se refiere. En realidad, hasta el propio Gobierno central asume esta circunstancia y por eso ha creado un grupo de trabajo para reformar el actual sistema. Pero hasta que esto ocurra hay que seguir funcionando con lo que hay, para disgusto de la mayoría de comunidades autónomas, que llevan algún tiempo, en paralelo a los terribles efectos de la crisis en las cuentas públicas, quejándose amargamente de insuficiencia económica.
Uno de los últimos mensajes más claros y rotundos en este sentido lo ha pronunciado el consejero de Salud de Baleares, Martí Sansaloni. Ha acudido a Madrid, a una conferencia organizada por PSN, con un discurso muy medido por el efecto que sabía que iba a tener, y a la vez, muy contundente, sostenido en datos difíciles de rebatir y que concluyen en que Baleares lleva mucho tiempo afectada por una precariedad histórica en términos de financiación.
De hecho, según los datos que ha expuesto, Baleares es la última autonomía en nivel de gasto sanitario público. Desde 1993, las islas siempre han estado por debajo de la media nacional, salvo en dos ejercicios, 2005 y 2010, en los que se acercaron ligeramente, pero sin llegar siquiera a alcanzarla.
Puede que el problema arranque en la transferencia de las competencias sanitarias, allá por 2002, negociadas por el primer gabinete del socialista Francesc Antich y, en concreto, por la consejera Aina Salom. Más de una década después de aquellos acuerdos, Sansaloni ha demostrado que no fueron en absoluto favorables a los intereses de los isleños. La prueba está en la diferencia entre lo que recibió Baleares del extinto Insalud y lo que, por ejemplo, obtuvo Extremadura, una autonomía con similar población a la de las Islas, o con Canarias, con la que comparte el factor diferencial de la insularidad. En resumidas cuentas, Baleares recibió la mitad de recursos, tanto de infraestructuras como humanos, que Extremadura, y en concepto de insularidad obtiene sólo el 30% del fondo, mientras que Canarias recibe el 70% restante, cuanto la diferencia en población no responde a este reparto.
Si a este panorama se le añade el hecho de que Baleares se ha convertido en la autonomía que más ha crecido demográficamente en la última década, tenemos todos los ingredientes para que no sólo su Gobierno, dirigido por el popular –y farmacéutico- José Ramón Bauzá, se plante ante el Gobierno central, sino con él toda la ciudadanía balear.
La insuficiencia financiera es particularmente frustrante para Baleares en asuntos como las políticas de recursos humanos. Al no tener disponibilidad presupuestaria, el IB-Salut no puede aplicar las medidas de incentivación al profesional que recoge el Estatuto Marco. Casi todos los fondos disponibles se van en gasto fijo y así es muy difícil gestionar. De hecho, según Sansaloni, el momento de colapso que estuvo a punto de vivir en 2012 el Sistema Nacional de Salud –y que provocó el real decreto de medidas de sostenibilidad que aún sigue avivando el debate político- fue especialmente dramático en Baleares.
Con todo, Baleares ha puesto en marcha medidas propias como pautas de prescripción que han deparado un ahorro continuado en la partida de farmacia, un nuevo modelo sociosanitario, una central de compras para todas las gerencias sanitarias y un programa de cuidados paliativos, entre otros avances asistenciales, que permiten, a juicio de Sansaloni, mantener la calidad del sistema.
Sansaloni, farmacéutico y ex director general de Control Presupuestario y Farmacia, tiene la economía metida entre ceja y ceja y sabe de su impacto en el sistema sanitario. En su reivindicación no está solo pues su propio presidente, Bauzá, no pierde ocasión de criticar la financiación autonómica, como se puso de manifiesto en el encuentro con los presidentes de la Comunidad Valenciana y de la Región de Murcia.
La intervención del consejero balear en Madrid, tan directa como simbólica, no deja de ser otro clavo más en un ataúd que carga con el actual sistema de financiación sanitaria, al que hasta el propio Gobierno central da por fenecido al hablar de su futuro en términos de "financiación territorial".