Opinión

Nuevos hospitales, mejores resultados


EDITORIAL

02 agosto 2015. 19.03H
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La construcción escalonada de hospitales públicos en la periferia de Madrid a lo largo de los últimos años (en especial, desde la llegada al poder del Partido Popular en 2003, con Esperanza Aguirre como presidenta) ha permanecido envuelta en la polémica aun cuando suponía una oportunidad de avance y desarrollo en la comunidad autónoma.

El Partido Socialista de Madrid (PSM), que, en ese tiempo, todavía era la única alternativa de gobierno autonómico, no desaprovechó ni un solo foro en que se abordase el asunto para criticar el exceso del número de hospitales por cuanto repercutiría, desde su punto de vista, en peores condiciones de trabajo y en una asistencia de menor calidad a los pacientes.

Ahora, un estudio de la consultora de salud Ghisa echa por tierra los temores socialistas. Analizada con rigor una serie de criterios de productividad a partir de la fórmula, conocida entre los expertos en gestión sanitaria, de la Unidad de Complejidad Hospitalaria (UCH: medida de la actividad hospitalaria del centro en función de las complicaciones patológicas que atiende y el número de altas que registra), los resultados confirman que los médicos, enfermeros y administrativos de los hospitales más recientes de la Comunidad de Madrid producen más que los que ya existían.

También resulta significativo que uno de los grandes hospitales tradicionales de la capital, que se quiso, en un momento dado, especializar en la atención geriátrica –La Princesa– se sitúe entre los primeros en los cuatro parámetros medidos en el trabajo: productividad médica, enfermera, de gestión y servicios generales y eficiencia global. Y otro tanto sucede con Puerta de Hierro-Majadahonda y, con la peculiaridad de tratarse de la única fundación en la sanidad pública madrileña, el Hospital de Alcorcón.

Aunque la investigación se reduce a un cálculo original a partir de las memorias de los centros (una de las pocas fuentes de datos en la sanidad española), no deja de reducirse a un solo estudio de campo, delimitado en el periodo 2011-2013, y del que, por cierto, pocos medios se han hecho eco, salvo Redacción Médica (Los médicos de los hospitales PFI son los más productivos).

De hecho, no faltan profesionales de los hospitales que salen malparados en las clasificaciones del estudio (entre ellos, algunos de los gigantes de la sanidad española) que atribuyen sus resultados al empeño de los directivos de los nuevos hospitales (por lo general, sujetos al modelo de gestión PFI o iniciativa de financiación privada en su parte no asistencial) en cuantificar y optimizar el rendimiento de los trabajadores, lo que no quiere decir –arguyen– que se lleve a cabo una atención de los enfermos esmerada y sostenida en el tiempo. En otras palabras: aducen que se los atiende con más rapidez pero no necesariamente mejor desde el punto de vista humano y médico-científico.

A estas interpretaciones se unen no pocas indagaciones publicadas, en los últimos quince años, por diversas consultoras tan independientes, a priori, como la propia Ghisa, que apuntan, sin embargo, a la falta de evidencias empíricas que ratifiquen un rendimiento superior de los cuadros profesionales y directivos en los hospitales que huyen de la gestión directa tradicional.

En consecuencia, resulta desacertado a toda costa atribuir a esta nueva investigación un valor categórico respecto al debate de las fórmulas de gobernanza hospitalaria alternativas a la administración pública, que se abrió, en 1991, con la aprobación del Informe Abril Martorell (a cargo, por cierto, del segundo gobierno socialista de Felipe González) y sus recomendaciones acerca de liberalizar la gestión de los centros sanitarios.

Todavía no se dispone del conocimiento necesario que desbloquee los argumentos ideológicos que operan por doquier a favor y en contra de ceder las riendas de los hospitales a empresas privadas o a fórmulas de contratación innovadoras. A 24 años vista del mencionado informe (el único conformado a partir de un panel independiente de expertos designado por el Ministerio de Sanidad), resulta insólita esa misma carencia de un consenso científico al respecto.
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