Casi quince meses después de ser enunciado, el proyecto de externalización de la gestión de seis hospitales de la Comunidad de Madrid ha sufrido un final abrupto, no por esperado, menos preocupante. El enésimo pronunciamiento judicial sobre el procedimiento, que mantenía en esencia la suspensión del proceso, ha terminado por convencer al presidente madrileño, Ignacio González, de que la mejor opción era olvidar su propósito y empezar a dar vuelo público a ese plan B que ya tenía en mente desde hace meses, según desveló Revista Médica, y que partía del hecho de que las circunstancias políticas, sociales y, sobre todo, judiciales, no iban a permitir aplicar la externalización.
Puede que en su decisión se hayan acumulado también valiosas razones de operatividad (no era posible someter a los centros afectados a una indefinida situación de gestión provisional) y otras de corte electoral, que comenzaban a aconsejar, vistas las encuestas, que el proyecto iba a tener un coste en votos mucho mayor del inicialmente pensado.
De lo que no hay duda es de la causa principal para que Madrid haya puesto fin a la externalización: de tanto marear la perdiz con un pronunciamiento en firme que aún no se ha producido, los jueces se han convertido en el nuevo gran obstáculo para el intento de mejora del sistema y han terminado por tumbar otra manera de gestionar los centros. Que es lo que, en esencia, planteaba la externalización: cómo mejorar la gestión de seis hospitales. Nunca sabremos lo que hubiera pasado. Y, por cierto, tampoco sabremos si, con el transcurrir de los años, los jueces se hubieran atrevido finalmente a declarar ilegal la colaboración público-privada para gestionar la asistencia sanitaria, quebrando con ello una práctica habitual en otros lugares y no sólo en la sanidad, sino en otros muchos sectores económicos.
A sus señorías les ha bastado con demorar cualquier decisión firme. Y han ganado el suficiente tiempo como para que, al final, la política se imponga en la sucesión de acontecimientos. Ahora toca esbozar un nuevo proyecto para intentar mejorar la gestión de esos hospitales. Veremos a ver quién es el guapo que lo formula.
Que es lo que, en el fondo, hizo el ya ex consejero de Sanidad madrileño, Javier Fernández-Lasquetty: ante una situación de máxima dificultad financiera, cómo introducir cambios en el sistema para asegurar su sostenibilidad sin afectar a sus principios. Porque la privatización, por mucho que haya sido aceptada en el lenguaje mundano y mediático, ha sido una de las grandes estafas de este asunto: nadie hubiera tenido que pagar nunca al ser atendido en un hospital externalizado, que hubiera seguido siendo de titularidad cien por cien pública, aunque la gestión hubiera sido privada. Como ocurre en las diversas concesiones que, afortunadamente y a pesar de mareas y jueces, siguen funcionando en el Sistema Nacional de Salud para satisfacción creciente de sus muchos pacientes.
Muchos estarán celebrando la caída de Fernández-Lasquetty y no pocos se estarán atribuyendo parte del mérito. Pero lo cierto es que el ex consejero ha cumplido con su cometido político con una determinación y una responsabilidad que no son habituales. Asumió como propio un proyecto que quizá le vino de más arriba, ante dificultades económicas desconocidas que obligaban a tomar decisiones inmediatas y arriesgadas. Lo defendió en todo momento, incluso en los más delicados, cuando los apoyos públicos no aparecían por lado alguno. Y seguramente sin pretenderlo, ligó su futuro político al del propio proyecto, circunstancia que ha confirmado con su dimisión. Fernández-Lasquetty pierde una batalla de gran alcance, pero, si él quiere, está perfectamente facultado para seguir en el necesario oficio de la política, en el que no sobran precisamente personas de su capacidad y honestidad.
Le sustituye Javier Rodríguez, portavoz de Sanidad del PP en la Asamblea de Madrid, médico y meticuloso conocedor, gracias a muchos años de experiencia, de todos los rincones de la sanidad madrileña. Es un cambio de garantías, porque la situación no admite probaturas ni artificios. Rodríguez es un valor seguro en cuanto a conocimiento y dedicación. Necesitará seguramente de otras muchas virtudes para gestionar un sistema como el madrileño, habitualmente complicado por su alcance y significado, y que, tras este período de profunda confrontación, debería recuperar mucho sosiego por el bien de sus profesionales y de sus pacientes.