A Manuel Llombart, conseller de Sanidad de la Comunidad Valenciana, le ha salido un segundo apellido menos rimbombante que el suyo pero bastante más directo: problemas. Y es que su alcance público en el sector se está saldando de momento con un rosario de polémicas y decisiones cuestionables que está soliviantando a casi todos los agentes y colectivos. Todo ello en menos de un año de gestión.
El último incidente, por llamarle de alguna manera, es la fulminante destitución de la directora general de Recursos Económicos, María Teresa Sáiz, que, como el conseller, no llevaba ni un año en el cargo. La justificación oficial, tan previsible y consabida en estos casos, habla de nueva etapa y de que la Dirección General precisaba de un nuevo perfil, el que supuestamente ofrece Miguel Morales, sucesor de Sáiz. Pero algunas fuentes ya se han apresurado a buscar otras razones para el sorpresivo cese.
El nombre del ex conseller Serafín Castellano y su todopoderoso reguero de influencias, contactos y gestiones durante años de trayectoria política y administrativa habría terminado también por salpicar a la ex directora general Sáiz. Al parecer, un constructor supuestamente beneficiado por Castellano en numerosas concesiones de obras, habría realizado las obras de la vivienda particular de Saiz a la vez que otras reformas en el Hospital de La Fe, cuando la ya ex directora general era la responsable económica del centro valenciano. Otras fuentes culpan a Saiz de retrasos en las convocatorias de concursos fundamentales para el funcionamiento del sistema sanitario como el del transporte urgente y el de mantenimiento integral de los hospitales.
A la luz de estas sospechas y, sobre todo, de su decisión fulminante, es evidente que Llombart se equivocó en la elección de Saiz. Tanto es así que en el acto de relevo oficial de los dos altos cargos, deseó a los salientes (la mencionada Sáiz y Guillermo Ferrán, director general de Asistencia Sanitaria) que en sus nuevas tareas profesionales “tengan mayores éxitos”. Que los cosechados en la Conselleria, parece sugerir.
La minicrisis en el departamento de Llombart se añade a otros escenarios que mantienen su efervescencia, especialmente en el ámbito farmacéutico a partir del impacto del Real Decreto-Ley 2/2013, que fue la expeditiva carta de presentación del nuevo conseller: la aplicación de algoritmos para la prescripción, que compromete la libertad del médico, la implantación del programa AKAsa para una nueva distribución de absorbentes obviando a la farmacia y la dispensación de fármacos de botica directamente desde Atención Primaria son medidas de un calado tal que, al margen de su oportunidad o no, no han sido bien explicadas y difundidas y, menos aún, consensuadas.
Por no hablar de la enigmática desaparición de la Agencia Valenciana de la Salud, que convierte a la Comunidad Valenciana en la primera autonomía con el dudoso honor de no tener un servicio de salud propio, al menos, con una estructura organizativa diferenciada de la Consejería. Parece que Llombart está más empeñado en conseguir ahorros a toda costa y que le trae al pairo las consecuencias -ya no sólo prácticas sino también organizativas- que puede acarrear la desaparición de un organismo autónomo de gestión y lo que este representaba –la sacrosanta separación de funciones de planificación y provisión de servicios-.
Es cierto que Llombart llegó a la sanidad valenciana en un momento crítico, no sólo para el sector, sino para toda la región, puesto que la Comunidad Valenciana es una de las más asfixiadas por las restricciones presupuestarias públicas y el techo de déficit. Pero su llegada despertó no pocas expectativas, algunas de ellas enunciadas en una suerte de crítica velada a la gestión de su antecesor, Luis Rosado. Pues bien, parece claro que hoy la sanidad valenciana es más convulsa y parece más confundida que hace un año, con problemas seguramente evitables que se han multiplicado por todos los frentes. Y el culpable último de todas estas circunstancias solo puede ser su titular, Manuel Llombart.