La sanidad en las elecciones a la Comunidad de Madrid

Las elecciones autonómicas de este mes son las más esperadas en mucho tiempo, debido al notable vuelco político que las encuestas vaticinan en muchas regiones y que básicamente consistirá en el fin del bipartidismo que ha gobernado nuestro sistema electoral, no importa la convocatoria que se tratara, desde el inicio de la democracia. El primer ensayo de esta nueva era, vivido con las elecciones al Parlamento de Andalucía, así lo ha mostrado, con dos nuevas formaciones políticas, aparecidas de repente, pero capaces de conseguir entre ambas nada menos que 24 escaños, casi una cuarta parte de todos los diputados en juego.

Centrándonos en nuestro sector, si hay una convocatoria que atrae la atención de todo el país es la que se desarrollará en la Comunidad de Madrid. Además de las circunstancias políticas que afectan al conjunto de España, en esta autonomía la sanidad adquiere un alcance extraordinario por los hechos vividos en la última legislatura, con la mayoritaria y sostenida contestación social y profesional que tuvo el proyecto estrella del Gobierno del PP: la externalización de la gestión de seis hospitales públicos, utilizando el modelo de concesión, como medida para generar ahorros y mejorar la eficiencia del sistema.

Gracias a la interesante iniciativa de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts) de reunir primero a los candidatos a presidir la Comunidad y después a los responsables sectoriales, hemos podido comprobar dos realidades que afectan a las seis opciones políticas más importantes y reconocidas. La primera es que todos los partidos, incluido el PP, no quieren saber nada de externalización, ni siquiera de nuevos modelos de gestión. Con matices ínfimos, todos apuestan por un sistema de gestión directa, es decir, el clásico modelo con el que se vienen gestionando los viejos hospitales de la Seguridad Social levantados en tiempos del dictador Francisco Franco.

Mientras tanto, sigue en vigor, ignorada y desautorizada, la Ley 15/1997, de nuevas fórmulas de gestión en el Sistema Nacional de Salud, aprobada con un amplísimo consenso parlamentario, PP y PSOE incluidos. Con su encomiable propósito para mejorar la eficacia del sistema sanitario. Un objetivo que ahora, casi veinte años después, parece que se puede obtener con fórmulas aún más antiguas.

La segunda realidad es que el amplio número de opciones políticas no se corresponde con la diversidad de discursos y propuestas, más bien escasa. De hecho, las diferencias son a veces de matices y en ocasiones responden más a cuestiones políticas que estrictamente sanitarias. Así es francamente difícil poder elegir.

Entrando en el discurso de cada uno de los representantes, en concreto los sanitarios, que son los que aquí interesan, es preciso comenzar por la calculada y muy compleja puesta en escena a la que se ha visto abocado el diputado Eduardo Raboso, portavoz del PP para la ocasión, “por directa designación de la candidata Cristina Cifuentes”, según tuvo que subrayar ante las insinuaciones de algún contrincante sobre si era legítima su presencia en un foro de esas características.

El PP lo tiene complicado para ganar votos sanitarios, después de meses de mareas y contestación no sólo social sino también, y más preocupante, profesional. No ha tenido problema alguno en olvidarse de las bondades de la externalización que con tanto ardor defendió en su momento y ahora asume que si los médicos quieren gestión clásica y régimen estatutario, así tendrá que ser. Parece más una estrategia concebida para no agrandar la herida, que para conformar un discurso fuerte que, en teoría, debería recoger una inclinación a la búsqueda de un reformismo tranquilo, explorando medidas y modelos de nueva gestión que permitieran mejorar el sistema.

En una posición igualmente posibilista, hábilmente planteada por su portavoz José Manuel Freire, se ha situado el PSOE, que se presenta como la única opción de cambio real a la política del PP. Sabedor de que necesitará muchos apoyos para conformar una mayoría suficiente, Freire no ha arremetido contra ningún representante salvo Raboso y se ha ceñido a ofrecer una propuesta muy razonable, sostenida en tres ejes (derechos, servicios y prestaciones y órganos colegiados de gestión) aunque algo generalista.

A su toque de corneta contra la (inexistente) privatización, se sumaron gozosos los demás representantes. Carmen San José (Podemos) y José Andrés Llamas (IU) estuvieron muy parecidos en sus propuestas y discursos, que sonaron francos, pero elementales. Más entretenido estuvo el acoso de Enrique Normand (UPyD) a su nuevo adversario, el recién llegado Daniel Álvarez, de Ciudadanos, que no se inmutó lo más mínimo, sabedor de que, aunque el discurso sanitario de la nueva formación sea aún muy pobre, tienen lo que la formación magenta se ha dejado en el camino: intención de voto.

“Quiero recuperar mi poder adquisitivo como médico”, clamó el popular Raboso, dando por cerrado el período de crisis más largo que se recuerda e invitando a pensar en otras cosas. Si el partido en el Gobierno no cree que las dificultades vividas en estos años han podido incluir una parte de oportunidad para mejorar la gestión de los centros sanitarios o corregir algunas disfunciones y vicios propios de la época de abundancia, es que hay que pensar entonces que, con todas sus virtudes, pero también con todos sus defectos, tenemos la sanidad que merecemos.

La proclama unánime que parece escucharse en Madrid por la gestión clásica y el régimen estatutario ya se ha asentado antes en otras comunidades autónomas. Parece que, en estos tiempos, no es posible plantear un debate serio y riguroso sobre la gestión sin miedo a que se politice y haga perder votos al más pintado. Así las cosas, los partidos políticos madrileños parecen aproximarse a la sanidad con una postura fundamentalmente conservadora, para intentar recuperar el tiempo (y el dinero) perdido en la crisis y no mentar posibles caminos de reforma, fuertemente penalizados por la opinión pública. Sin embargo, sólo el cambio y el ensayo de nuevas alternativas, en este caso de gestión y organización, permiten avanzar y mejorar a las organizaciones humanas. Incluidas las sanitarias.