Miles de ciudadanos salieron ayer a la calle para defender la sanidad pública, nuestro Sistema Nacional de Salud, con sus servicios públicos, sus hospitales de gestión directa y sus centros de salud tradicionales. Defenderla de otras fórmulas, de otras posibilidades para gestionar y organizar esos mismos recursos asistenciales y a los profesionales que los utilizan.
La contestación, iniciada hace meses en Madrid , se extendió ayer a muchas otras ciudades de España, en las que no se conocen planes para cambiar la gestión de hospitales ni de centros de salud. Pese a ello, parte de la población y de los agentes sanitarios se sienten aludidos por lo que está ocurriendo en Madrid y muchos piensan que si el cambio fructifica aquí, se terminará extendiendo por las demás autonomías.
El propósito de la marea blanca, transformada desde ayer en movimiento nacional de protesta, es tan directo como corto de miras: el mantenimiento del sistema actual, con sus grandes virtudes, pero también con sus defectos, seguramente subsanables muchos de ellos. Muchos de los que participaron ayer en las protestas seguramente no saben que en la defensa de la sanidad pública que plantean va incluida la pervivencia, a toda costa, de la gestión clásica, tanto en los hospitales como en primaria. Y es muy posible que este tipo de gestión sea muy valorado por amplias capas de la sociedad. Pero hay otras formas de gestionar que pueden ser igualmente válidas y todas ellas no se pueden reducir, ridículamente, a un solo latiguillo: privatización.
No, no es verdad que haya una sola gestión verdadera, infalible, única capaz de posibilitar la sanidad pública que todos queremos. Puede haber, tiene que haber, otras fórmulas que introduzcan mejoras en la gestión de los centros, que permitan ganar en eficiencia, que contribuyan a gastar menos, que faciliten una mayor implicación y rendimiento de los profesionales. Y esas fórmulas, que no se las ha inventado el PP, que están en la Ley desde hace años, que se vienen aplicando en otras autonomías, gobernadas por socialistas, nacionalistas y también populares, pueden corregir los defectos de la gestión tradicional sin por ello desmantelar el sistema en el que se apliquen.
O no. Está por ver. Sigue estando por ver. De ahí que lo útil sería despojar al debate de la gestión de todo componente político e ideológico, y ubicarlo en el quizá más aburrido, pero sin duda más adecuado, terreno técnico. Con arreglo a las conclusiones que se vayan obteniendo, o simplemente con las impresiones e intuiciones que se tengan a mano, los políticos han de tomar las decisiones que estimen más oportunas, con el apoyo que les otorga su mayoría parlamentaria.
Es el caso de Castilla y León y de Murcia, gobernadas desde hace tiempo por el PP, que tienen claro, meridianamente claro, que su modelo sanitario va a seguir apoyándose en la a gestión directa de los centros. Y que para mejorar el sistema, recurrirán a otras herramientas. Bien. Es legítimo.
Igual de legítimo que el intento de Madrid y de Castilla-La Mancha, también gobernadas por el PP, por recurrir a nuevas fórmulas para gestionar algunos de sus centros sanitarios. Porque lo que todos buscan es un sistema mejor. Y para alcanzarlo no hay una sola gestión verdadera.