Los pocos periodistas que trabajaron el domingo, al menos en el sector sanitario, no salieron de su asombro al recibir una nota del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, aparentemente rutinaria, pero elaborada y titulada con intención evidente. En la información oficial se daba cuenta del logro del Estado en 2012 al ahorrar 1.163 millones de euros en el capítulo de gastos de personal.
¿Y bien?
Nada nuevo bajo el sol, pensaría más de uno, ya sabemos que los funcionarios públicos, tan denostados y zarandeados por la nacional frustración, están siendo uno de los colectivos más afectados por la crisis, si no en pérdida de empleo, de momento, sí en reducción salarial continuada y en dramática pérdida de poder adquisitivo. Y en ese colectivo, también están nuestros médicos y enfermeros del Sistema Nacional de Salud.
La extrañeza por la no noticia se tornaba en sorpresa al leer el primer párrafo de la nota: “El proceso de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera iniciada por el Gobierno en 2012 ha tenido un destacado reflejo en una de las principales partidas de los Presupuestos Generales del Estado: el Capítulo 1 o más comúnmente conocido como de gastos de personal”.
Con un par, que diría un castizo, el Gobierno se marcaba el tanto de haber contribuido a la estabilidad presupuestaria gracias a la reducción de salarios. Presumía de meter la mano en el bolsillo de funcionarios -de médicos y enfermeros, principalmente- para lograr la sacrosanta sostenibilidad del sistema. Y se lo apuntaba como un mérito más para exponer ante críticos y entusiastas.
Incomprensible, ciertamente. Cuando el Gobierno debería procurar con todas sus fuerzas el restablecimiento del poder adquisitivo de su personal, lo que hace es enarbolar la bajada de sus salarios como prueba de su capacidad de gestión. ¿Dónde está el mérito? Otras administraciones han tenido que afrontar reducciones salariales de su personal y ninguna ha sacado pecho por ello; al contrario, han capeado el temporal como han podido y han intentado justificarse en situaciones y decisiones ajenas a su ámbito.
Analizando un poco más el porqué de semejante ocurrencia, encontramos a un Ministerio de Hacienda cada ve z más familiarizado con la estaca presupuestaria y el rigor en las cuentas. Y lo que es más peligroso: cada vez más cómodo. No pocos medios han señalado ya con disgusto las maneras heterodoxas con las que el ministro Montoro está tocando a rebato en obligaciones fiscales. Quizá el que nos ocupa sea otro ejemplo de que a don Cristóbal le importa bastante poco el cómo se alcanzan los logros y, lo que es más importante, a costa de quién se alcanzan.
No habría que perder de vista, siguiendo con las interpretaciones, la posibilidad de que este mensaje de fortaleza en la reducción de salarios a los funcionarios sea un mensaje a su electorado de clases medias profesionales, liberales y autónomos, que forman la primera línea de crítica contra todo lo que huela a trabajo público y/o subvencionado.
Desde luego, el efecto de posicionamientos de este tipo, aun siendo fijados en domingo, es el de la lluvia sobre el piso encharcado. Los profesionales sanitarios que trabajan en los servicios públicos de salud están ya muy cansados de la actual situación de recortes. Entre otras cosas, porque ya se les ha dicho muchas veces que no hay otro remedio. Lo que no esperaban escuchar era la misma cantinela con cierta presunción. Y bien mirado, hasta con recochineo.