La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de devolver los diversos recursos presentados al proyecto de externalización de la gestión de seis hospitales de la Comunidad de Madrid a las salas que los admitieron en su origen, renunciando así a la posibilidad de adoptar una decisión conjunta para todos ellos, es otro error más de una Administración de justicia definitivamente desatinada en un caso de suma trascendencia social y profesional.
En el año largo que la Comunidad de Madrid lleva inmersa en el debate sobre cómo mejorar la gestión de los hospitales, todos los agentes y partes en conflicto se han manifestado en uno u otro sentido, salvo quizá quien más falta hacía que se posicionase: la justicia. El proyecto de externalización ha caído en el auténtico agujero negro con el que, en más ocasiones de las debidas, se identifica a los tribunales: se sabe cómo se acude, pero se desconoce cómo (y cuándo) se sale. Así las cosas, es evidente que este pertinaz aplazamiento, por unas u otras razones procedimentales, sólo está beneficiando a los autores de los recursos, que no parecen querer que nada cambie en la sanidad madrileña.
A estas alturas de conflicto, es razonable reprochar a sus señorías que hayan sido incapaces de entrar en el fondo del asunto y determinar un fallo, cualquiera que fuera el sentido de este. Y es obligado criticar a los jueces que se ausentaron de la reunión del pleno de la Sala de lo Contencioso, siete de cincuenta, una proporción demasiado elevada y a todas luces injustificable dada la importancia de la cuestión que se debatía. En realidad, puede que la peripecia judicial del proceso de externalización no sea sino la exacta imagen de otros muchos expedientes que se amontonan en los despachos de decenas de salas, y sobre los que no se conoce cuándo se resolverán.
Está quedando más que demostrado que la Administración de justicia puede interferir, con todas las consecuencias, en el rumbo de la gestión sanitaria de este país. Ocurrió hace unos meses en Castilla-La Mancha, con el proyecto de reordenación de las urgencias rurales, definitivamente abandonado por una Consejería que prefirió plantear otra vía de mejora antes de enfangarse en una contienda judicial imprevisible, y tiene toda la pinta de que va a terminar ocurriendo lo mismo en la Comunidad de Madrid. Ahora bien, si esto es posible que pase en la sanidad, ¿sería posible que se diera algo similar en la propia justicia? ¿Quién puede pedir responsabilidades a los diferentes tribunales que se han encargado del proceso de externalización, que han ido pasando su trámite de un sitio a otro, como una pelota de playa, sin un decidido interés en solucionar el contencioso? ¿Ante quién responden esos jueces que no hacen lo que la sociedad demanda de ellos: impartir justicia en tiempo y en forma?
Más allá de las valoraciones estrictamente sanitarias, desde una Consejería que no se rinde en su propósito de intentar mejorar la gestión de esos hospitales y desde unas empresas concesionarias que están aguantando lo indecible como prueba de compromiso con el modelo de colaboración público-privada, hasta un PSOE y unos sindicatos más empeñados en cantar victoria y enterrar la que denominan privatización que en proponer soluciones, es irritante que la justicia se haya convertido en el auténtico obstáculo que impide la adopción de una solución al mayor conflicto que ha vivido en años la sanidad madrileña y que está teniendo una lógica amplificación en el debate sanitario nacional. Es irritante y es inadmisible que vayamos a seguir así quién sabe si semanas, meses e incluso años hasta que algún tribunal se decida a posicionarse sobre si es posible o no recurrir a la externalización para intentar mejorar la gestión de un hospital.
Así de sencillo y, a la vez, así de titánico, tratándose de nuestra bendita justicia.