Los españoles que acudan a votar este domingo en las elecciones al Parlamento Europeo no tomarán su decisión en función de la sanidad. De hecho,
nuestro sector no parece que vaya a influir apenas en que el voto se incline a un lado o al otro. Y es que, si Europa como concepto sigue siendo insignificante en la capacidad de generar atención (y movilización) en el electorado lo es aún más en lo referido al sistema sanitario.
La primera circunstancia que justifica esta poca conexión entre los temas europeos y los sanitarios es la
escasa capacidad competencial atribuida a las instituciones comunitarias. La asistencia sanitaria sigue siendo un cometido casi exclusivo de los estados y, en algunos casos como el español, de las comunidades autónomas.
Estamos por tanto muy lejos de disponer de un sistema europeo de salud, a semejanza del Sistema Nacional de Salud español, donde los estados bien pudieran disponer de servicios de salud para prestar la asistencia sanitaria y fueran las autoridades de Bruselas las encargadas de sentar las bases comunes a todos ellos.
En cierto modo, el problema que Europa afronta al abordar la asistencia sanitaria de sus ciudadanos es muy similar al que lleva gestionando España desde que se cerró el proceso transferencial, hace ya más de diez años:
falta de cohesión en un sistema que, hoy por hoy, es demasiado desigual y que cae en más ocasiones de las debidas en problemas de inequidad. El ejemplo de la cartera de servicios, y la particular dificultad de España para disponer de un catálogo único, da una idea de la extrema complejidad que tendría implantar un documento similar en toda la UE, aunque sea un propósito razonable y seguramente respaldado por la mayoría de opciones políticas, aunque sea en teoría.
En otras materias que entroncan con el ámbito europeo, el acuerdo político es más improbable: es el caso del
gasto que generan los emigrantes que residen fuera de España más de 90 días y no están cubiertos en su país de residencia. El PP ha optado por impedir el pago de este servicio asistencial mientras que el resto de partidos se le ha reprochado con inusual unanimidad. En realidad, esta discusión enlaza con el debate aún abierto del
cambio en el aseguramiento que introdujo el Real Decreto 16/2012, que ahora mismo es el principal escollo que impide un acuerdo general entre PP y PSOE para alcanzar el tan perseguido como utópico pacto de Estado por la sanidad.
De otro lado, la evolución de los sistemas sanitarios de los estados va aconsejando cada vez con más fuerza la
concertación de políticas comunes, como la
formación de los profesionales sanitarios y sus derechos y obligaciones laborales, que son muy diferentes de un país a otro, como están comprobando los jóvenes españoles que llevan años abriéndose hueco en las sanidades de otros Estados. También la
financiación de medicamentos es otro asunto que pide a gritos una mayor convergencia europea. Sería razonable pensar en un único precio para cada fármaco ya que hemos creado un único mercado, aunque la realidad dice que las diferencias aparecen empezando por el grado de financiación pública que aprueba cada Estado y que, también, es muy diferente según cada país.
Está por ver que el nuevo Parlamento Europeo que surja de estas elecciones pueda poner en su agenda la necesidad de una sanidad europea, no solo en cuestiones epidemiológicas.
El sistema europeo de salud está todavía muy lejos de nuestra realidad, pero quizá sea el único destino hacia el que tarde o temprano debamos dirigirnos como sociedad.
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