Tras una semana de crisis, es tiempo de ir
ordenando responsabilidades en la comisión de los muchos y muy variados errores que se han cometido en el
primer contagio de ébola en España. El estrépito causado en
la opinión pública, que se está viendo
invadida de infinidad de mensajes, portavoces y materias en los que, aparentemente, parece imprescindible poner (también) el foco del interés, obliga a
una primera jerarquización de decisiones equivocadas que han contribuido, posibilitado y puede que hasta desencadenado en gran medida, la actual situación de preocupación social y sanitaria a la que se enfrenta el país.
Pues bien, de entre todos los fallos cometidos,
no hay otro de más alcance, y a la vez que hubiera sido más fácil de subsanar, y también que más tiempo ha estado ahí, bien visible para todo el sector, que
el hecho fatal de que la Comunidad de Madrid no disponga de una Dirección General de Salud Pública. No sólo que no tenga un
organismo administrativo con suficiente autoridad y conocimiento para haber podido prever y en cualquier caso haber sabido enjuiciar una situación de este calibre. Es que
Madrid, y esto es lo más grave,
carece de profesionales de enjundia en este ámbito, líderes epidemiólogos o salubristas que hubieran podido tomar decisiones y aconsejar a sus superiores jerárquicos.
Y no los tiene porque casi todos se han marchado a otros lugares, a desarrollar su profesión en otras condiciones y a buscar el recorrido y la proyección que en Madrid se les había, por decreto, negado.
Fue en 2008, cuando
el entonces consejero de Sanidad, Juan José Güemes tuvo la ocurrencia de
suprimir la estructura de salud pública en el organigrama de su departamento. Quizá pensó que adoptaba una medida innovadora, o quizá quiso marcar una tendencia que fuera seguida por las demás autonomías. Pues bien, pasado el tiempo, ni lo uno ni lo otro.
Solo ha ocurrido lo que en su día denunciaron los profesionales: sin salud pública, ni proteges la salud de la población ni te anticipas a la aparición de la enfermedad. Justo lo que ha ocurrido con el ébola.
No le importó al atrevido Güemes tener fehaciente constancia de los éxitos cosechados por esa estructura
en crisis tan dispares como las vacas locas, las
dioxinas de la carne de los pollos belgas, la
legionella o la
meningitis, resueltas todas ellas gracias a la
eficaz intervención de los profesionales de Salud Pública, convenientemente coordinados y cabalmente representados por una autoridad acorde con la importancia de su cometido: es decir, un director general.
Muchos de los que no conocían este problema exclusivamente madrileño, se percataron el otro día cuando advirtieron la presencia de
Antonio Alemany, director general de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid, en la primera comparecencia pública de la
ministra Mato tras conocerse oficialmente el contagio. Que un
profesional de la talla de Alemany, reconocido y apreciado en el sector, tuviera que dar la cara en este trance por la lamentable distribución competencial decidida por
Güemes fue otra prueba más del sonoro fracaso que cosechó la mencionada rueda de prensa.
Obviamente, hay muchos otros problemas, algunos conocidos, otros que comienzan a intuirse y otros que solo sabremos – o no- con el transcurso de los meses. En cualquier caso, en ocasiones, parece que cualquier asunto de la crisis es más importante que lo que realmente importa: la vida de la enferma contagiada y de los posibles nuevos casos que puedan aparecer.
Esta es y debe ser, ahora y siempre, la prioridad de todos los que operamos en el sector, cada cual desde su responsabilidad: curar la enfermedad, proteger la salud. Aunque algunos responsables sanitarios, felizmente superados -aunque no olvidados por lo que ocurre ahora-, se hayan empeñado en hacer y provocar justamente lo contrario.
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