Por Carlos Alberto Arenas, gestor sanitario y vocal de Sedisa
Las organizaciones tienden al control y el orden cada vez más, es decir, avanzan al revés que la entropía, hasta que son destruidas y vuelven a empezar. Hace unos 20 años, en España es probable que alguien circulara a 240 en una autovía y no le pasara nada con la autoridad. Ahora la probabilidad de que te sancionen y sufrir un proceso, ya no administrativo, sino penal, por ello es muy alta. Y en un futuro simplemente habrá sistemas de medición continua de la velocidad en las vías. Nadie podrá superar la velocidad máxima, pues directamente, en tiempo real lo sabrá la autoridad de tráfico e incluso podrá multarte a distancia si no cumples.
Vamos inevitablemente, a no ser que ocurra un cataclismo o una invasión bárbara, (que todo es posible), hacia un mayor control. Así, lo único seguro es que habrá más control y evaluación. Lo que es más difícil de predecir es quien ejercerá el control, al menos en nuestro ámbito sanitario. En nuestro Estado de las autonomías parece que por ahora predomina el control a través de las Consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas. En un futuro, no parece que el Ministerio de Sanidad vaya a ganar en capacidad de control, más bien al revés, cada comunidad autónoma llevará un sistema de información y control distintos. Los sistemas de información permitirán conocer en tiempo real la actividad, rendimiento y resultados de los facultativos y de los equipos de trabajo.
La prescripción asistida por ordenador que te recomendará directamente el fármaco más coste-eficiente para una determinada indicación será universal en los sistemas públicos (donde la eficiencia es un compromiso ético ya que los pagamos todos) y nadie se rasgará las vestiduras por ello, como ahora pasa con la prescripción electrónica de este tipo que quiere implantar la Comunidad Valenciana a través de los ya famosos "algoritmos de decisión terapéutica corporativos". Que no limitan la prescripción, ni coartan la libertad clínica como dicen algunos, sino que simplemente piden que se justifique porque se prescribe una opción menos coste eficiente al prescribir que otra. No prohíben en absoluto, pero sí controlan, ya que queda constancia del motivo en el sistema, y el facultativo tendrá que elegir entre varias opciones o una explicación libre de por qué hace prescripción distinta a la consensuada según las guías de práctica clínica que se aprueben en el algoritmo.
En nuestro medio, el control sobre el profesional ha sido bajo o casi nulo. Se ve impensable establecer controles horarios como existen en la mayoría de las empresas, se aceptan a regañadientes controles de actividad como el número de procesos por sesión y se ha puesto el grito en el cielo por parte de algunos, que incluso han defendido tradicionalmente la prescripción prudente y más coste-eficiente, como debe ser en la sanidad pública. Es decir, en general, somos alérgicos a cualquier tipo de control y evaluación de nuestro trabajo. Efectivamente, es más cómodo para cualquiera no ser controlado y evaluado. Lo que ocurre es que la falta de evaluación y control provoca comportamientos oportunistas en nuestro país, en cualquier sector, no sólo el sanitario y tenemos miles de ejemplos. Lo que precisamente necesitamos en nuestro país es rendición de cuentas de nuestro trabajo y más control sobre todos las actividades públicas.
Por una parte pedimos transparencia y publicación de cuentas y resultados, y cuando hay que justificar mínimamente una prescripción o una prueba decimos que se nos coarta la libertad. ¿Doble vara de medir? ¿Ley del embudo? Inexorablemente, las organizaciones y la sociedad evolucionan hacía un mayor control y será mejor que lo asumamos. Si lo hacemos bien nada hay que temer, y sí mucho que ganar, (demostrar tus resultados y buen hacer), lo que redunda en la transparencia y el bien común.