Los pacientes diabéticos deberíamos estar habituados a este titular y es que, como parece la norma, nuestro colectivo vuelve a estar desprotegido frente a un nuevo desafío del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa).
En esta ocasión, el procedimiento utilizado por el Ingesa en el Acuerdo Marco para la selección de suministradores sanitarios (guantes, tiras reactivas para medir la glucosa y material de incontinencia) obligará a las entidades participantes a seleccionar un único proveedor por cada uno de los lotes a los que se haya presentado.
Pero esta decisión ¿cómo afecta a las personas que padecen diabetes? En este caso concreto de la compra de tiras reactivas de glucemia para ser utilizadas por los pacientes con diabetes, junto con los medidores para el autocontrol, limitan, primero, la posibilidad de dar respuesta a la mayoría de las necesidades del paciente, y segundo, la libertad de criterio del profesional sanitario. Esta decisión va a suponer que se reduzcan de forma drástica el número de medidores de glucemia disponibles en el mercado español para el control de la diabetes. Esto puede desembocar en una situación de riesgo sanitario para el paciente y, además, favorecer el monopolio de una empresa con respecto a un producto de primera necesidad para las personas que sufren esta patología.
Por tanto, esta situación provocará un grave perjuicio para la calidad de vida del colectivo de pacientes crónicos más elevado de nuestro país. Además de la reducción de tiras en el mercado, supondrá también una inobservancia absoluta de las necesidades individuales de las personas con diabetes, la falta de libertad de elección del profesional sanitario, límites de acceso de entrada de innovación, y trabas a la renovación de tecnologías obsoletas, fundamentales para mejorar la calidad de vida de las personas con diabetes. Y aún siendo todas ellas muy graves, quizás una de las que más daño haría sería el incremento del riesgo de la entrada en el mercado de compañías con insuficientes garantías de calidad de productos y escasa capacidad de suministro.
Estos hechos se producen por el continuo empeño del Ingesa de obligar a las comunidades autónomas a seleccionar un único proveedor, lo que supone para compañías, pacientes y sanitarios limitar el arsenal de productos disponibles. Aunque el Ingesa podría verse obligado a corregir de nuevo los pliegos para productos sanitarios debido a cuestiones tanto técnicas como formales.
Y es que, a pesar de que la compra centralizada de medicamentos ofrece importantes ventajas como una mayor eficiencia del Sistema Nacional de Salud (SNS), la homogenización de productos y medicamentos, la contribución al establecimiento de estándares de calidad comunes en todo el SNS y también una mayor garantía para las empresas suministradoras, estas medidas positivas no se pueden volver en contra de los intereses generales de los propios pacientes, actores principales de sus tratamientos.