Marear la perdiz es frase que se emplea para advertir o quejarse de una perdida intencionada de tiempo, del recurso a circunloquios para entretener al personal sin abordar efectivamente la cuestión de que se trate. Aunque algunos cazadores --y desde luego
Delibes entre ellos-- nos harían reparar en el significado original de la acción, justificada cinegéticamente. En efecto, azuzar los perros a las perdices --marearlas-- las fatiga, de modo que cuando alzan el vuelo lo hacen torpemente por lo que son mucho más fáciles de cazar. Claro que en relación al tema sanitario también puede traerse a colación otro de los refranes más populares, “no hay que dejar para mañana lo que se puede hacer hoy". Y, claro está, aquello que se hubiera debido hacer antaño.
A punto de iniciarse la larga temporada estival española, a los problemas de financiación, estratégicos y de planificación y gestión de nuestro
sistema sanitario- agravados progresivamente en los últimos 15 años- se suma con fuerza el de una
supuesta falta de médicos. Carencia que no se compadece con los datos que reflejan las tasas correspondientes -- número de médicos dividido por el número de habitantes -- particularmente en términos globales, que son de las más elevadas del mundo. Según el INE, 6'21 médicos por cada mil habitantes en 2023. Es decir, un médico por cada 161 personas.
Otra cosa es la distribución según las distintas especialidades y ámbitos de actuación, sobre todo el de la
Atención Primaria y, más específicamente, en determinados puestos de trabajo, ubicados generalmente en el ámbito rural o semiurbano.
¿Cuáles son las causas y a quien corresponden las principales responsabilidades en relación con este problema del ámbito de los
recursos humanos del sistema?
Cómo suele acontecer, las causas son múltiples y las responsabilidades están repartidas. La
Administración General del Estado y los órganos gubernamentales legalmente competentes han hecho oídos sordos a las señales de alarma que se han ido incrementando en los últimos años. Una pasividad compartida por las administraciones autonómicas, responsables de la provisión de tales servicios a las poblaciones correspondientes, que, además han optado por la estrategia del “petróleo barato”, generadora de
contratos laborales “basura”, con remuneraciones tercermundistas y ausencia de estímulos para la promoción profesional. Las organizaciones profesionales sanitarias, tanto científicas como corporativas, han hecho gala de una baja o nula capacidad de movilización colectiva para plantar cara al
deterioro progresivo de las condiciones de contratación y trabajo en el sistema, con referencia especial a la Atención Primaria y Comunitaria.
Plantillas de médicos y de Enfermería
En referencia a los problemas estivales, pareciera que los responsables sanitarios de las Comunidades Autónomas se hayan visto sorprendidos súbitamente este año por las dificultades para encontrar sustitutos para cubrir los huecos originados por las
vacaciones de los médicos de plantilla cuando, con mayor o menor intensidad, tal circunstancia se viene produciendo desde hace decenios.
En cuanto a la cuestión de las sustituciones, un tema que para seguir con la retórica popular “clama al cielo”, no parece que haya merecido más análisis que la simple aceptación universal de un
dimensionamiento deficitario de las plantillas médicas y de enfermería combinado con la disponibilidad permanente de un grupo numeroso de profesionales dispuestos a aceptar contratos precarios para cubrir bajas laborales y vacaciones. Asunción que vulnera la legalidad cuando los profesionales que se contratan no reúnen los requisitos de titulación y formativos exigidos, circunstancia que se da con elevada frecuencia.
Lo que sucede con las sustituciones y las propuestas de solución que circulan (incrementar el
número de plazas MIR, posibilitar que los residentes trabajen sin supervisión, obligar a los especialistas recién acabados a permanecer unos años en la comunidad autónoma, incentivar económicamente, etc) parece que sintoniza bien con el significado de la locución popular del primer párrafo de esta colaboración.
Las Comunidades Autónomas reclaman al
Ministerio de Sanidad soluciones imposibles a corto plazo y éste les responde diciendo que se trata de una competencia transferida.
El caso es no ponerse a trabajar seriamente para diseñar iniciativas innovadoras y con perspectiva de medio y largo plazo. Todos parecen olvidar que el desarrollo de las competencias de las Comunidades Autónomas tiene lugar en un marco legislativo estatal establecido por el parlamento y el gobierno central y que muchos problemas, como el que nos ocupa, no encontrarán soluciones firmes mientras no se aborden los
cambios legislativos y estratégicos que reclama cada vez con mayor urgencia nuestro sistema sanitario, comenzando por la revisión de algunos de los epígrafes de la
Ley General de Sanidad de 1986 y siguiendo por el diseño de una política de recursos humanos del sistema mejor adaptada a las circunstancias actuales de la sociedad española y que incluya mecanismos que corrijan los errores cometidos hasta hoy. Lo que probablemente suponga una revisión radical del sistema MIR, tanto del acceso como de sus interacciones con las otras dos fases del sistema formativo (grado y formación continuada/desarrollo profesional).
Todo ello sin olvidar la imprescindible y sustancial actualización de la
reforma de la asistencia ambulatoria de la Seguridad Social de la dictadura franquista que ya ha sobrepasado su quincuagésimo aniversario, y que, sorprendentemente, precedió a la Ley general de Sanidad en más de dos años.
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