En
España (ver los últimos datos publicados por el
Ministerio de Sanidad) la espera para acceder a las consultas de los médicos de familia y a las de los
especialistas hospitalarios así como a las
pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas no deja de crecer continuamente.
Lo que obviamente es un riesgo para la salud de los pacientes postergados, además de provocar molestias e insatisfacciones tanto a los
pacientes en espera como a sus familiares.
En este contexto de accesibilidad cada vez más reducida crece la preocupación de la ciudadanía por el deterioro de los servicios públicos (ver encuesta reciente del
CIS sobre las principales preocupaciones de los españoles). Inquietud que explica, al menos en parte, el notorio crecimiento del
doble aseguramiento --público/privado-- de las clases medias de nuestro país, cercano ya al 50% en comunidades como
Madrid,
Cataluña,
Baleares y
Canarias.
Un problema que podría atribuirse exclusiva o principalmente a una excesiva demanda sanitaria de la ciudadanía en un marco cultural de medicalización superflua que haría imprescindible la instauración de mecanismos de contención que restrinjan la accesibilidad ilimitada a los centros y servicios hospitalarios y de
Atención Primaria y Comunitaria. Esta demanda incontrolada, junto a problemas de disponibilidad cuantitativa y cualitativa de determinados tipos de profesionales necesarios para atenderla, estaría poniendo en riesgo la
viabilidad y sostenibilidad del
sistema sanitario público.
Pero las causas de la problemática situación actual tienen un origen más complejo y son consecuencia de años sumidos en dinámicas políticas (de uno y otro signo ideológico) dominadas por la incapacidad para abordar los
cambios e innovaciones conceptuales y organizativas que precisa nuestro
Sistema Nacional de Salud, sin subestimar tantas estrategias erróneas de
financiación,
planificación y
gestión.
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"La demanda incontrolada, junto a problemas de disponibilidad cuantitativa y cualitativa de determinados tipos de profesionales necesarios para atenderla, estaría poniendo en riesgo la viabilidad y sostenibilidad del sistema sanitario público"
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Parece evidente que a pesar de las
dificultades crecientes en la accesibilidad a los centros y servicios del Sistema Nacional de Salud y el crecimiento del
aseguramiento privado la situación de sobrecarga crónica que padecen no mejora y hace necesario
salir de la parálisis política y estratégica abordando de una vez por todas los problemas pendientes desde hace décadas.
Sin afán de exhaustividad, y con el principal propósito de estimular la creatividad de quienes se sientan responsables, nos atrevemos a exponer a continuación algunas propuestas que pensamos pueden ayudar a
solucionar el grave problema de accesibilidad que padece hoy nuestro sistema nacional de salud:
1- Priorizar estrategias cuyo objetivo sea
racionalizar la utilización de los recursos y que los problemas de salud sean atendidos en los centros y por los profesionales más adecuados a sus características, aplicando universal y firmemente el principio de subsidiariedad.
La traducción de esta estrategia en la
planificación y gestión de servicios y profesionales pasa por la puesta en marcha de acciones diversas pero no por ello menos claras como el diseño e implementación de campañas continuadas en el tiempo de información y educación en medios de comunicación sobre la utilización adecuada y las limitaciones en términos de posibilidades de actuación y resultados de los
recursos sanitarios. Lo que en la práctica implicaría en positivo fomentar efectivamente la adecuada utilización de los mismos por la ciudadanía, y en su caso dificultar el mal uso apelando a la
responsabilidad personal para preservar un bien común. Sin desdeñar, desde luego, la penalización de la potencial demanda inducida de servicios y productos superfluos o inadecuados, tal como proponemos en el punto 3.
Una estrategia de este tipo requeriría, en el caso de la
Atención Primaria y Comunitaria, de una redefinición y nueva organización de los centros y equipos de salud con las dotaciones adecuadas de profesionales sobre todo de enfermería, auxiliares clínicos y administrativos y de trabajo social, que han de asumir amplias competencias en la atención de una gran parte de los problemas de salud, tanto en las consultas como en los domicilios.
2- Establecer
estrategias de planificación y organización de los centros, servicios y equipos con una amplia parte operativa muy descentralizada para permitir una adaptación lo más estrecha posible a las necesidades y características de la demanda asistencial de cada contexto poblacional y socio-económico. Hay que eliminar definitivamente las estrategias de financiación y planificación bajo el lema de “café para todos”.
3- Definir con claridad la traducción operativa de
estrategias de “no hacer” para eliminar de las rutinas asistenciales de los sistemas sanitarios todas aquellas actuaciones que no han demostrado una relación positiva de coste-oportunidad-efectividad. Por una vez y sin que sirva de precedente sea bienvenida la aplicación estricta de protocolos que impidan en la práctica la continuidad de actuaciones que incrementan la inefectividad e ineficiencia del sistema sanitario.
4- Diseñar estrategias de planificación que potencien la integración operativa de centros de hospitalización de agudos y crónicos de ámbito local con los de
Atención Primaria y Comunitaria para establecer líneas conjuntas de actuación ante diversos problemas de salud prevalentes y mejorar con ellas su efectividad y eficiencia, eliminando las inútiles y redundantes.
5- Cambiar las políticas de acceso y gestión de las plantillas de recursos humanos del sistema hacia un sistema descentralizado de laboralización, justo, transparente, equitativo y sometido a una estricta rendición de cuentas. De esta forma se podrá conseguir que las dotaciones de profesionales del sistema respondan de forma óptima a las necesidades de cada contexto territorial y se facilitará la constitución de verdaderos equipos asistenciales.
Con estas aportaciones es evidente que no agotamos las posibles prioridades de acción para salir de la cada vez más problemática situación actual de la accesibilidad a nuestro sistema nacional de salud pero estamos convencidos de que nos ubican en el camino adecuado, al menos, para dejar de seguir cavando en un hoyo que nos conducirá sin duda hacia la privatización progresiva de las políticas de salud y bienestar y calidad de vida y a la profundización de las desigualdades sociales.
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