La viabilidad de la Sanidad Pública

La viabilidad de los sistemas sanitarios públicos de los países desarrollados es objeto de atención habitual en los medios de comunicación social. No sólo sobre la dimensión económica, puesto que la magnitud de la financiación pública depende de la prioridad que los representantes legítimos de la población le otorguen en sus presupuestos. Una preferencia que supone darle más valor a la sanidad que a otras partidas. Para lo cual deben establecerse unos criterios operativos que sean adecuadamente identificados por la población y más concretamente por los electores.

Algunos de estos criterios, quizás entre los más relevantes, no acostumbran a ser los más apreciados popularmente, por ejemplo, la importancia del impacto objetivo--- en lo que atañe a la reducción de la calidad de vida -- de los distintos problemas sobre los diversos grupos de la población en términos de equidad o la efectividad relativa – también sobre los distintos grupos sociales-- de las intervenciones disponibles. Aunque la satisfacción de la gente se asocia más a menudo con la cantidad y la puntualidad de la atención recibida, seguramente porque las deficiencias en la accesibilidad son un estorbo para contemplar valoraciones más rigurosas.

Las listas de espera y las enrevesadas actuaciones para conseguir una cita en la Atención Primaria son, seguramente, unas de las razones del auge de la sanidad privada en la mayoría de los territorios del país.

Situaciones que difícilmente se pueden superar sin cambios radicales de orientación, organizativos y legislativos del sistema, basados en iniciativas políticas. Porque las modificaciones que se han ido introduciendo hasta ahora pueden calificarse como cosméticas y limitadas a ámbitos y acontecimientos muy concretos que desencadenan problemas agudos significativos y que, por ello, precisan de intervenciones urgentes capaces de “apagar el fuego” pero que no abordan los problemas de fondo.

"Es imprescindible abordar con decisión los cambios estratégicos y legislativos que necesita el sistema y que son competencia del gobierno central"

La enorme inercia y efecto de bola de nieve en la pendiente de los macrosistemas públicos de servicios dificulta los procesos de cambio que exigen modificaciones de orientación. El marco estratégico y legislativo del sistema sanitario público español tiene una antigüedad de 40 años (Ley General de Sanidad de 1986) y desde entonces no se han introducido cambios de calado de sus contenidos a pesar de que, como es obvio, las transformaciones socioeconómicas y culturales, las necesidades de atención y los cambios en los patrones de utilización de los servicios sanitarios han sido muy importantes.

A los problemas que ya eran presentes en el diseño del marco legislativo vigente, como la ausencia de universalidad real, se han ido sumando otros como el de la infrafinanciación crónica, las crecientes dificultades de accesibilidad a las consultas y prestaciones con mayores listas de espera, los errores en la planificación de recursos profesionales y los derivados de una potenciación excesiva del hospitalocentrismo en detrimento de un mayor equilibrio entre el desarrollo tecnológico y el imprescindible énfasis en políticas de atención sanitaria centradas en la comunidad y en los cuidados que contemplen la coordinación/integración de servicios sanitarios y sociales.

La población en su conjunto percibe cada vez con mayor intensidad estos deterioros del sistema sanitario público y se observa un crecimiento ostensible del doble aseguramiento público-privado. Las encuestas de satisfacción también reflejan claramente el problema y crecen en número quienes consideran que nuestro sistema sanitario necesita, cada vez con más urgencia, acciones profundas de mejora.

Esta situación, percibida desde antes de la crisis económica de 2008 por todos los agentes sociales, combinada con un crecimiento ostensible de las opciones políticas ultraconservadoras, es el caldo de cultivo ideal para acentuar el peligro de hundimiento de los sistemas públicos de servicios, entre ellos el sanitario.

Hay muchos analistas políticos que atribuyen, al menos en parte, el crecimiento de las fuerzas políticas de derecha a partir de votos procedentes de clases populares a que sus integrantes siguen percibiendo una ausencia de mejoras ostensibles en la evolución de sus problemas vitales inmediatos, como por ejemplo en el campo de la vivienda, mientras se sigue deteriorando su capacidad adquisitiva cuando gobiernan partidos de centro o izquierda moderada.

El deterioro de nuestro sistema sanitario público no puede detenerse con simples medidas coyunturales, la mayoría de las cuales deben ser implementadas por los gobiernos autonómicos. Es imprescindible abordar con decisión los cambios estratégicos y legislativos que necesita el sistema y que son competencia del gobierno central.

Somos conscientes de las dificultades que supone el actualmente inestable marco político, pero, como el riesgo para la supervivencia del sistema sanitario público se incrementa con el transcurso del tiempo, y precisamente por ello, es perentorio generar un debate en profundidad sobre el tema en el que participen todos los agentes implicados, tanto del ámbito político como del profesional y social.