Corría el mes de
enero de 2019, pronto hará 6 años, cuando los autores de este artículo fueron convocados por la
ministra de Sanidad para recibir el encargo de coordinar la elaboración del '
Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria', tarea que aceptamos con la esperanza de que el citado marco o plan fuera un instrumento eficaz y efectivo para solucionar los problemas que, desde hacía ya más de una década, estaban erosionando gravemente y de forma progresiva este nivel del sistema nacional de salud.
Sin entrar en detalles que no son del caso, a los dos meses decidimos renunciar, convencidos de que nuestro papel era superfluo, ya que ni desde el
Ministerio ni desde la mayoría de instituciones participantes, se abordaban los problemas estratégicos de la
Atención Primaria y Comunitaria (APyC) y del conjunto del sistema sanitario que, a nuestro juicio, era imprescindible afrontar si se pretendían mejoras firmes y transformadoras, tanto a corto como a medio y largo plazo, que tuvieran una repercusión operativa claramente perceptible por la ciudadanía y los profesionales, por este orden.
Ha pasado el tiempo y al Marco Estratégico le han sucedido dos planes de acción sin que, hasta la fecha, nadie haya podido constatar ninguna mejora perceptible de los problemas de la
APyC española, más bien al contrario.
Si a la ausencia de propuestas de cambios estratégicos señalada antes y los problemas derivados de la
infrafinanciación crónica del sistema le sumamos la pasividad operativa de todas las
administraciones sanitarias formalmente competentes, en un contexto general de
confrontación partidista exacerbada, centrado en la descalificación personal y con una ausencia total de propuestas constructivas, la dirección del vector resultante no puede conducir más que hacia la persistencia y profundización del deterioro secular de la APyC y del conjunto del
sistema sanitario español.
"No deja de sorprender la timidez del Gobierno central a la hora de abordar las raíces de los problemas del sistema y de la APyC, empeñado en la elaboración de documentos"
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Los responsables ministeriales justifican frecuentemente su pasividad escudándose en la amplia
descentralización de competencias en los gobiernos autonómicos y éstos, a su vez, les acusan de no facilitarles los recursos financieros y profesionales que necesitan para introducir las
reformas estructurales y organizativas que precisan los
servicios regionales de salud y, dentro de ellos, la APyC. Total, que, los unos por otros, “la casa sin barrer”.
Es cierto que el sistema sanitario español está ampliamente descentralizado pero no lo es menos que el
marco legislativo global que define su orientación conceptual y estratégica y los aspectos estructurales generales de los centros y servicios así como las grandes decisiones sobre
financiación y
presupuestos y
política de recursos humanos se ubican competencialmente en el ámbito del poder legislativo –las
Cortes Generales—y del ejecutivo titular de la
Administración General del Estado, por lo que es a través del parlamento y del gobierno central como se puede incidir de forma determinante sobre las actuaciones de los gobiernos autonómicos.
En este contexto no deja de sorprender la timidez del
Gobierno central a la hora de abordar las raíces de los problemas del sistema y de la APyC, empeñado en la elaboración de documentos más o menos “estratégicos” que, al menos hasta hoy, no han demostrado que sirvan para introducir cambios perceptibles en la trayectoria de deterioro acelerado de ambos.
Seamos claros, si independientemente de las intenciones de algunos responsables políticos, --buenas o malas según la valoración de cada cual – no se consigue trascender de las cataplasmas y los parches mientras asistimos, más o menos pasivamente, al derrumbe de los pilares básicos de nuestro imperfecto
Estado de Bienestar, asumámoslo claramente y que tanto la opinión pública ciudadana y profesional sepan a qué atenerse.
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