La
pandemia covid-19 ha puesto de manifiesto, entre otras muchas cosas, las insuficiencias de los dispositivos de
Salud Pública en diversos países, entre ellos el nuestro. Aún hoy está bastante extendida la idea de que Salud Pública se refiere a la sanidad financiada con recursos públicos cuando en realidad sus competencias y recursos desbordan ampliamente los
límites del sistema sanitario e implican a otros sectores sociales de actividad, principalmente aquellos más directamente relacionados con los determinantes de la salud individual y colectiva.
Además, la Salud Pública es también un
instrumento de gobernabilidad de los estados que, al igual que otros aparatos de las administraciones, como por ejemplo los
cuerpos y fuerzas de seguridad, los responsables de la seguridad vial o las agencias tributarias, está capacitado legalmente para sancionar e incluso para coartar si es preciso derechos y libertades civiles. En su caso y si un peligro para la salud colectiva lo justifica, claro está.
Según la
Ley General de Salud Pública de 2011 se trata del conjunto de actividades organizadas por las
Administraciones públicas, con la participación de la sociedad, para
prevenir la enfermedad, así como para proteger, promover y recuperar la salud de las personas, tanto en el ámbito individual como en el colectivo.
Una Ley que tiene todavía -- más de veinte años después de su promulgación unánime por el parlamento-- por desarrollar aspectos esenciales de sus disposiciones, imprescindibles para poder responsabilizarse de las funciones que se supone debería asumir la Salud Pública. Según la ley vigente pero también según las
recomendaciones internacionales.
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"Una Salud Pública moderna debería facilitar la implicación de la ciudadanía en el control de los determinantes de su propia salud"
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Funciones y servicios que tienen que ver con el conocimiento de los
problemas de salud y de sus determinantes en el conjunto de la población; con el fomento y la implementación de las
políticas sanitarias de protección y promoción colectivas de la salud comunitaria; con garantizar una evaluación suficiente de las actividades que influyen en la salud de las personas y las comunidades, unos
recursos humanos solventes, una legislación pertinente, sin olvidar la coordinación con la
atención sanitaria, particularmente con la
Atención Primaria que es, por naturaleza, también comunitaria.
Una
Salud Pública moderna debería facilitar la implicación de la ciudadanía en el control de los determinantes de su propia salud. Sin paternalismos impertinentes ni adoctrinamientos fundamentalistas. Porque la salud no es tanto un fin en sí mismo, como un medio para vivir plenamente la vida. Y, sobre todo, porque la salud --en positivo-- no depende de la sanidad. Únicamente, claro.
Pero para ello es imprescindible conocer que es necesario para que las instituciones de la Salud Pública puedan llevar a cabo adecuadamente sus funciones y los servicios y actividades correspondientes. En 2019 la Salud Pública suponía el 1'1% del
gasto sanitario público. Mientras que la proporción del
PIB dedicada a la sanidad era del 6'2%-
Agrupa unos
recursos personales envejecidos que trabajan en condiciones precarias y que deben satisfacer competencias profesionales de muy diversa naturaleza, lo que supone conocimientos, habilidades y actitudes que requieren una formación específica suficiente, actualmente solo asequible en parte para los graduados en medicina y enfermería que acceden a los programas de residencia de
Medicina Preventiva y Salud Púbica y de
Enfermería Comunitaria de cuatro y dos años, respectivamente.
En este inquietante contexto, la
Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) acaba de editar el documento '
La profesión de la salud pública y sus profesionales. Un reto urgente para fortalecer la práctica de la salud pública' con el propósito de contribuir a
fortalecer la práctica profesional en este ámbito a partir de la identificación de algunos de sus problemas y sus posibles soluciones. El documento destaca entre sus recomendaciones las siguientes:
- La salud pública debería desarrollar
capacidades de liderazgo y defensa de la salud de las personas, desde una perspectiva y práctica multidisciplinar e intersectorial.
- Las políticas de salud pública se deben basar en la
mejor información disponible y en su caso asumir razonablemente la incertidumbre.
- Actualmente, la formación en salud pública se ofrece fundamentalmente a través de la oferta
MIR de Medicina Preventiva y Salud Pública y de
EIR en Enfermería Familiar y Comunitaria,junto a programas de postgrado, sean másteres o diplomas, pero también mediante asignaturas de salud pública en los grados de
Enfermería,
Farmacia,
Medicina,
Veterinaria y otros de
Ciencias de la Salud. Es necesario definir los contenidos teóricos y prácticos para la formación común de todos los profesionales de la salud pública y permitir así que compartan un mismo marco conceptual y metodológico.
- Las instituciones de salud pública son de carácter interdisciplinar e interprofesional y precisamente por ello deberían estar bien definidas las
competencias de sus profesionales, tanto las transversales, comunes a todos, como las específicas de cada ámbito de intervención, así como los protocolos de actuación para desarrollar dichas competencias.
- Algunos de los factores que pueden hacer más atractiva la
dedicación profesional a la salud pública son, además de la retribución, la convocatoria de plazas con regularidad, la estabilidad laboral y unas adecuadas
condiciones de trabajo.
- La potenciación y respeto de la
autonomía profesional en el contexto político en que se adoptan numerosas decisiones de salud pública es otro de los requisitos para fomentar el prestigio de la profesión.
- Es preciso que las administraciones competentes establezcan con claridad los criterios y procedimientos de
acreditación de los profesionales y de las instituciones de salud pública.
- Es necesario establecer
nuevos mecanismos de ingreso en las administraciones públicas (locales, autonómicas o estatales), tanto en relación con los procedimientos de acceso como con los baremos aplicables.
SESPAS, y las sociedades que la conforman, han de seguir fomentando el profesionalismo y establecer unos
requisitos éticos y deontológicos básicos para el ejercicio en este ámbito.
La
Salud Pública y la Salud Mental han compartido secularmente la consideración de ámbitos marginales de los sistemas sanitarios de los países desarrollados occidentales y ello es así a pesar de la relevancia de los problemas que abordan, tanto desde la perspectiva de su prevalencia como de su repercusión sobre la salud y bienestar individual y colectiva. Es preciso corregir esta situación y
reequilibrar las prioridades de las políticas sociales si se quiere mejorar la efectividad y eficiencia de los recursos sanitarios públicos.
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