La semana pasada se celebró en nuestro país una de las principales ceremonias rituales de una democracia: la
investidura del eventual presidente del futuro gobierno. Tras las elecciones generales, discretamente adelantadas tras los resultados de las previas municipales y autonómicas, es el Congreso de los Diputados el escenario del debate imprescindible en el que el candidato propuesto por el Rey ha explicado su programa de gobierno y lo ha sometido a la consideración y voto de sus señorías. En esta ocasión, dados los resultados electorales, el final de la representación se amoldó perfectamente al título de la obra de García Márquez
“Crónica de una muerte anunciada”.
En la intervención del candidato
Sr. Núñez Feijoo no han faltado algunas menciones a la sanidad y a la necesidad de garantizar la sostenibilidad y viabilidad de un sistema sanitario enfrentado a los problemas y costes crecientes que plantea el
crecimiento exponencial de la cronicidad,
la pluripatología y el coste de los tratamientos. Aunque hayan sido más bien escuetas.
Incluso las más propositivas, como la de un
MIR extraordinario para
Medicina de Familia en el marco de un plan de choque para mejorar la muy maltrecha Atención Primaria o la asignación de más recursos para el campo de la
Salud Mental. Sin desdeñar la sugerencia de constituir un
“Comité de Expertos” para abordar serenamente el análisis de los problemas y de las soluciones pertinentes. Aunque los problemas políticos exigen decisiones políticas que, si bien deben tener en cuenta los conocimientos expertos, necesitan el plus que aporta la visión global y sobre todo la legitimidad representativa.
En esta declaración de intenciones el Sr. Núñez Feijoo ha puesto énfasis en el abordaje de algunos de los problemas actuales de nuestra sanidad pero obviando cualquier mención a sus posibles causas, no sabemos si intencionadamente. El
discurso “sanitario” del candidato a presidente del gobierno
se ha quedado en la superficie y en ningún caso ha entrado a analizar los problemas conceptuales y estratégicos del sistema sanitario o de las políticas de bienestar y calidad de vida dentro de las cuales deben enmarcarse las directamente relacionadas con la salud. Aspectos que deberían ser nucleares en un discurso que tiene como objetivo principal trazar las líneas maestras, las directrices fundamentales, de la política sanitaria en el conjunto del estado.
Claro que tampoco las
intervenciones de los portavoces de todos los partidos políticos en la sesión de investidura en su turno de respuesta al candidato han afrontado más que superficialmente los problemas de la sanidad, tal como sucede desde hace ya demasiado tiempo en las sesiones del Congreso de los Diputados.
Estamos en un tiempo en el que las preocupaciones e iniciativas de nuestros líderes están muy alejadas del objetivo esencial que debería regir la acción política y que no debería ser otro que el de la
mejora del bienestar y calidad de vida de la ciudadanía. El
estado de bienestar y el pilar básico de los servicios que garanticen la equidad, solidaridad y justicia sociales
no forman parte de las prioridades de nuestros dirigentes y gobiernos.
Lo decíamos en un artículo publicado hace unas semanas en estas mismas páginas: “mucho nos tememos que, así las cosas, la actual crisis sanitaria -que con el transcurso del tiempo corre cada vez un
riesgo mayor de hacerse irreversible o de, como mínimo, conducirnos a un retroceso de los logros conseguidos desde la instauración de la democracia- no se va a solucionar” (
Crisis sanitaria: la responsabilidad de los profesionales y de la ciudadanía).
El mantenimiento del estado de bienestar requiere el diseño e implementación de políticas y recursos financieros dirigidos equilibradamente al conjunto de los servicios y sectores que tienen mayor incidencia sobre la mejora de las condiciones de vida de la población y, por tanto y en muchos casos no solamente al ámbito sanitario, pero no por ello deja de ser alarmante que, de forma reiterada y desde hace ya muchos años, este sea
ignorado por nuestros gobernantes.
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