Cada vez escuchamos con mayor frecuencia e intensidad voces, algunas muy autorizadas, que nos aseguran que entre las personas y colectivos que apoyan al
gobierno central de coalición y a los
autonómicos socialdemócratas crece sin freno la teoría del “mal menor” que, traducida en términos inteligibles, viene a significar que aunque los actuales dirigentes podrían hacer las cosas mucho mejor que como las están haciendo hasta hoy, es conveniente que sigan en el poder ya que la alternativa, traducida en su relevo por los partidos de la derecha más o menos ultramontana, podría, al menos en hipótesis, tener consecuencias peores, algunos aseguran que catastróficas.
Esta teoría, cada vez más extendida puede (y debe) ser aplicada al
ámbito sanitario sin dificultad. Para ello solo tenemos que mencionar brevemente los problemas más relevantes que han afectado y afectan en los últimos tiempos a la situación de
bienestar y calidad de vida de los españoles, con referencia especial al ámbito de la salud.
Podemos iniciar el relato por la
pandemia covid-19 y las acciones emprendidas por las
autoridades sanitarias centrales y autonómicas (aconsejadas por expertos de diverso pelaje) para atajarla. Todavía estamos esperando que se produzca un proceso de evaluación sistemático y profundo sobre los distintos ámbitos de la gestión de la pandemia y sobre las consecuencias y balances, positivos y negativos, de las distintas iniciativas tomadas por las
autoridades gubernamentales y sanitarias. Muchos somos los que nos tememos que dicha evaluación va a tardar en producirse, que en todo caso será parcelar o incompleta y que, incluso, no puede ni mucho menos descartarse que no vaya a tener lugar nunca.
Es obvio que la pandemia ha tensionado hasta romperlas una parte significativa de las costuras de un
sistema sanitario al que los gobernantes de uno y otro signo político no dudaban en adjudicar el calificativo de “uno de los mejores del mundo”. También es indiscutible que los deterioros del sistema sanitario tienen un origen muy anterior a la pandemia covid-19 y que, sobre todo desde la
crisis iniciada en 2008, nacen por la conjunción sumativa de tres grupos de factores:
- por un lado las
políticas neoliberales aplicadas a conciencia por gobiernos de distinta tendencia ideológica, estatales y autonómicos,
desde mediados de los años 90 del siglo pasado
- por otro (y relacionado con el anterior), la
parálisis acomodaticia de unos dirigentes políticos y gestores que se han venido negando sistemáticamente a poner en marcha los procesos de
innovación que, cada vez de forma más perentoria y obvia, necesita un sistema sanitario creado a mediados de los años 80 y que se iba mostrando cada día más incapaz de dar respuestas efectivas y eficientes a las
necesidades y expectativas de una ciudadanía que se estaba moviendo desde hace tiempo en el marco de unos paradigmas bien distintos, tanto culturales, de utilización de servicios, tecnológicos como, en general, socioeconómicos
- en tercer lugar, por esa misma sociedad que se ha hecho
cada vez más individualista, menos autocrítica e
incapaz de autorresponsabilizarse del cuidado de su propia salud y de reivindicar personal y colectivamente unas políticas de bienestar y calidad de vida y sanitarias más racionales, menos centradas en el consumo poco sensato de bienes y servicios y más en el objetivo de una atención de salud más equitativa y solidaria.
Como consecuencia inevitable de esta situación el conjunto del sistema sanitario, así como el resto de los servicios públicos (educación, soporte social, acceso a la vivienda…), se han ido deteriorando progresivamente.
Salud Pública y Atención Primaria y Comunitaria
Dentro del ámbito de la sanidad hay dos sectores que han padecido, y aún lo hacen hoy, de forma especialmente intensa este problema; hablamos de la
salud pública y de la atención primaria y comunitaria.
Las insuficiencias presupuestarias y, en general, de recursos de ambos sectores son ampliamente conocidas tanto a nivel social como entre los propios profesionales. En el caso de la salud pública la parálisis se tradujo de forma clamorosa en la falta de desarrollo y operativización de la
Ley General de Salud Pública aprobada, nada más ni nada menos que en el año 2011.
En el caso de la atención primaria y comunitaria, a los factores anteriores y a la ausencia de innovación conceptual y organizativa del modelo de los años 80 del siglo XX, se añadió una
política de recursos humanos y laboral que raya en lo demencial, con una antiplanificación de necesidades de profesionales y una gestión presidida por la precariedad contractual generalizada.
No es el objetivo principal de este artículo entrar en el detalle descriptivo de los deterioros globales y sectoriales apuntados ya que solo pretendemos que sirvan como ejemplos claros que apoyen esta teoría del “mal menor”, que se extiende como reguero de pólvora entre la
opinión pública y sanitaria.
Los problemas actuales han tenido una larga trayectoria y atravesado periodos políticos de signo diverso sin que hayan sido abordados y solucionados total o parcialmente. En el último periodo (2019-2023) el gobierno central de coalición de centro-izquierda ha tenido (y tiene) que apechugar con los problemas apuntados en una situación de agravamiento intenso, tanto que, al menos algunos de ellos, pueden colocar al sistema en su conjunto o a varios de sus componentes, en una especie de
unidad de cuidados intensivos políticos.
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"En el caso de la atención primaria y comunitaria, a los factores anteriores y a la ausencia de innovación conceptual y organizativa del modelo de los años 80 del siglo XX, se añadió una política de recursos humanos y laboral que raya en lo demencial"
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Parece claro que los actuales gobernantes podrían haberlo hecho mejor y que es poco probable que en el corto tiempo que queda para el final de esta legislatura puedan acometer con garantías de éxito la
solución de los problemas más prioritarios, pero también parece obvio que, de acuerdo con las manifestaciones verbales y escritas vertidas repetidamente por los aspirantes a sucederlos desde la oposición y realizadas en un ambiente de radicalización intensa, las soluciones que proponen pueden no contribuir precisamente a mejorar la situación e incluso podrían ayudar a empeorarla.
Vamos que, salvo que surja alguna iniciativa política nueva y centrada en el objetivo primigenio de conseguir mejorar de forma importante el bienestar y calidad de la población en un contexto de menor visceralidad y mayor racionalidad de la dinámica política, parece que
seguimos condenados a asumir como inevitable la teoría del “mal menor”.
Parece como si los políticos y gestores se sintieran secuestrados por estas dinámicas sociales negativas apuntadas antes y hayan dejado de priorizar la salud y la sanidad ante la ausencia de una reacción ciudadana suficientemente reivindicativa. De ahí la necesidad de seguir insistiendo en la generación de
movimientos mixtos, sociales y profesionales que muestren a los políticos que ambos tipos de colectivos no están dispuestos a seguir transigiendo con el
deterioro de los servicios públicos ni a aceptar la teoría del mal menor de forma permanente.
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