No hay día que, al abrir las páginas de un periódico, poner la radio o ver la televisión, no nos llame la atención alguna noticia relativa a la
corrupción, entendida no solo como deshonestidad – una valoración moral—sino más bien como
supuesto delito, juicio que corresponde al ámbito legal.
Noticias que adquieren más
interés periodístico si están implicados
líderes políticos, tal vez por la tendencia de muchos medios de comunicación social a destacar algunos acontecimientos. Interés que se incrementa cuando los protagonistas ostentan alguna
responsabilidad administrativa, algo no solo comprensible sino incluso plausible, en el sentido literal de la palabra.
Porque la corrupción se entiende, especialmente cuando afecta a las
organizaciones públicas, como la utilización y el funcionamiento dirigido al
provecho económico o de otra índole de los que tienen la responsabilidad de cumplir sus propósitos en beneficio público. Lo que acostumbra a requerir la inducción o cuando menos la
complicidad activa de otros muchos agentes que además de corruptores pueden ser también corruptos.
Y a pesar de las repetidas invocaciones a la presumible honestidad de la mayoría de los responsables administrativos, políticos, juristas, etc. Tal insistencia mediática redunda en un crecimiento persistente de la
desconfianza popular hacia las instituciones y los poderes públicos. Credibilidad que resulta imprescindible para el
funcionamiento adecuado de las sociedades humanas.
Origen histórico de las prácticas corruptas
Si se pregunta a Chat GPT sobre los primeros testimonios históricos de la corrupción la respuesta nos traslada a las
antiguas civilizaciones de Mesopotamia (estados sumerios del III milenio A.C.). En aquella lejanía temporal aparecen como protagonistas los
jueces, funcionarios y administradores que aceptaban dádivas a cambio, en el primer caso, de modificar sentencias o de
cobrar impuestos indebidamente o desviar fondos públicos.
La complejidad de las estructuras sociales y en consecuencia políticas, así como la sofisticación de los procesos del ejercicio del poder ha
diversificado enormemente las tipologías de la corrupción y los mecanismos diseñados para eliminarla, dicho sea de entrada, sin conseguirlo totalmente.
Hará pronto 10 años que uno de nosotros publicó una serie de
6 artículos en Diario Médico sobre la corrupción en los diferentes niveles y componentes del
sistema sanitario español que describía casos de notoriedad pública, que la revista Folia Humanística (1) recopiló en 2017, como lo hizo también el
blog “Salud, Dinero y Atención Primaria” del Dr. Juan Simó (2) .
Pero nos parece más oportuno compartir algunas consideraciones acerca de los motivos que, en nuestra opinión, favorecen la
persistencia de esta lacra social en el ámbito sanitario y las
escasas repercusiones políticas que conllevan, aunque últimamente hayan generado algunos escándalos mediáticos, sobre todo en ámbitos partidistas.
Vulnerabilidad del sector sanitario ante la corrupción
El sector sanitario es uno de los ámbitos sociales
susceptibles a las prácticas corruptas, tanto desde la perspectiva moral como desde la legal. La disponibilidad de
significativos recursos económicos; la naturaleza discrecional de muchas de las decisiones que se adoptan, buena parte de las cuales, incluidas las de
planificación y de gestión que están ampliamente descentralizadas; la dificultad de establecer y de llevar a cabo
controles eficaces y suficientes y una cierta tolerancia institucional o cultural hacia determinadas prácticas.
En términos de gobernanza, la corrupción tiende a disminuir con la
profesionalización auténtica de la gestión, la independencia efectiva de los
órganos de control, la transparencia y la
rendición de cuentas ante la ciudadanía – una práctica actualmente insólita debido a una utilización torticera ya sea de la competencia institucional o de la oposición política. También cuando se tienen en cuenta las quejas de los usuarios, clientes o ciudadanos. Adecuadamente, es decir, sin incentivarlas perversamente.
La baja visibilidad y los conflictos de interés en sanidad
Decíamos hace unos párrafos que la corrupción en el ámbito de la sanidad
no es tan visible o aparente como otras que llaman mucho más la atención del público. Lo que tal vez tenga que ver, en primer lugar con cierto prejuicio sobre la
legitimación social de las actividades sanitarias, particularmente de las asistenciales debido al genuino – pero no siempre principal-- propósito de atender y ayudar a quienes sufren; también con la
complejidad técnica del sector, cuyas potenciales irregularidades son difíciles de apreciar por la ciudadanía y los medios generalistas, lo que reduce su impacto mediático; con los eventuales
conflictos de interés, por ejemplo entre las industrias y las entidades proveedoras de servicios y hasta con la práctica profesional en sus diversas dimensiones, cuya frecuencia dificulta su reconocimiento, lo que obstaculiza la distinción entre el
prestigio científico de las Instituciones, centros, servicios y profesionales de los posibles problemas de corrupción en la administración y gestión de los recursos.
Como la sanidad española no es un oasis en el desierto, no es ajena a los factores que estimulan, disimulan o preservan la corrupción en el resto de los sectores de la sociedad y la administración en nuestro país. Y la desconfianza que provoca puede resultarle incluso más letal que a otros sectores por lo que es imprescindible
potenciar los mecanismos de prevención, control y rendición de cuentas en nuestra sanidad; sin bajar la guardia en ningún momento en la
lucha contra la corrupción, aunque no sea protagonista constante en los terrenos político y mediático.
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1- Martin Zurro A. Corrupción sanitaria Folia Humanística (n.º 7, octubre- noviembre de 2017, pp. 52-63).
2-Blog Salud, dinero y atención primaria. Corrupción sanitaria por Amando Martín Zurro. Octubre 2017
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