Competencias esenciales y asumibles del Ministerio de Sanidad

El nombramiento de Mónica García como flamante ministra de Sanidad desvela, como es lógico, expectativas sobre posibles cambios en la política sanitaria. Aunque la historia reciente de la administración sanitaria pública no sea precisamente alentadora. Una experiencia a la que aluden quienes se muestran particularmente escépticos sobre la capacidad de maniobra del Departamento.

Independientemente de los agoreros quienes, más que desconfiar, tal vez estarían encantados con la impotencia ministerial, temerosos de que las propuestas electorales de Sumar pudieran materializarse. En cualquier caso la capacidad de iniciativa y maniobra de los responsables de la sanidad pública de la Administración General del Estado, aparentemente al menos, ha sido hasta ahora muy limitada.

Una insuficiencia que algunos atribuyen a la descentralización -- más bien desconcentración-- sanitaria culminada por el Gobierno que presidía José María Aznar a principios de 2001, iniciativa que además de supuestos beneficios partidistas, redujo sensiblemente las responsabilidades gestoras del Departamento de Sanidad, circunstancia que se ha visto acompañada por una escasa valoración de su dimensión política por parte del gobierno, sea cual haya sido su ideología.

A nadie se le escapan las dificultades de introducir cambios profundos en un sistema de servicios tan enorme como el sanitario, atribuibles a las múltiples e intensas resistencias generadas desde aquellos sectores de presión con intereses que pueden verse afectados negativamente por los mismos, aunque no conviene despreciar la influencia paralizante y negativa que ejerce su propia inercia de funcionamiento.

No debería ser necesario insistir en que las competencias de planificación y
gestión de las Comunidades Autónomas deben ser respetadas pero sin olvidar que las mismas son subsidiarias y se tienen que desarrollar en un marco legislativo liderado hasta hoy por la Ley General de Sanidad de 1986 (LGS) y los Presupuestos Generales del Estado.

Lo que permite, mediante la correspondiente voluntad política, una reorientación de la LGS bajo una perspectiva más transversal y de construcción intersectorial (salud en todas las políticas) de estrategias de mejora del bienestar y calidad de vida de la ciudadanía en las que lo sanitario es un componente nuclear, pero ni mucho menos el único.

Competencias de la Seguridad Social a Sanidad

Voluntad política que, entre otras consideraciones, debería plantearse abiertamente la conveniencia de integrar las competencias, responsabilidades y actividades del sector de la Seguridad Social que constituyen las mutuas colaboradoras encargadas formalmente de la atención a las enfermedades profesionales. Un sistema público paralelo al del Sistema Nacional de Salud.

Claro que se trata de palabras mayores que, probablemente, exceden las posibilidades políticas reales --dada la correlación de fuerzas actual-- pero mientras tanto, parece verosímil desarrollar algunas iniciativas. Quizás el desmantelamiento de Muface, Isfas y Mujegu, absolutamente coherente con el presupuesto de equidad que estos días se viene reclamando desde la oposición, requiera más apoyo del disponible hoy.

"Los nuevos responsables ministeriales tienen un amplio espectro de actuación sobre el que no les valdrá la disculpa de la falta de competencias a la hora de rendir cuentas"

Apoyo que se podría incrementar con algunas mejoras que sin ser fáciles parecen más factibles. Por ejemplo, una más adecuada planificación de los recursos humanos del sistema, ámbito en el que las iniciativas ministeriales han sido, desde hace tiempo, muy criticadas por sus graves errores y pasividades.

Salud Pública

La pandemia covid-19 ha tensionado las costuras de nuestro sistema sanitario y de protección social en muchos ámbitos, pero con especial relevancia en el terreno de la Salud Pública en el que el Ministerio tiene varias competencias y tareas pendientes de desarrollo, entre ellas la de configuración de una potente y efectiva Agencia Estatal de Salud Pública.

La reforma de la asistencia médica ambulatoria, diseñada también hace ahora 40 años, necesita ser reconsiderada en profundidad, sin limitarse a cambios menores que solo sirven para abordar los deterioros urgentes. La Ley General de Sanidad es el marco legislativo que marcó el desarrollo normativo posterior de la reforma de la Atención Primaria y Comunitaria en las Comunidades Autónomas. Es necesario llegar a este nivel y diseñar una nueva legislación estatal que modernice esta parte nuclear del sistema sanitario y le devuelva con plenitud sus capacidades para responder a las necesidades de la población del siglo XXI.

La Ley General de Sanidad dejó también pendiente la implantación real del principio de universalidad de la cobertura y prestaciones por parte del sistema sanitario público. Parece llegado el momento de su operativización sin limitaciones y del diseño, con la secuencia temporal adecuada, del proceso político y de financiación que nos permita alcanzar este objetivo a lo largo de esta legislatura.

Políticas del medicamento: aprobación y financiación

Las políticas del medicamento y sus mecanismos de aprobación y financiación forman otro de los ámbitos esenciales de competencias del Estado.

Manifestaciones recientes del nuevo secretario de Estado de Sanidad apuntan a su necesaria priorización política y nos inducen al optimismo en este campo.

Podríamos seguir enumerando campos posibles de actuación competencial del Ministerio de Sanidad, pero pensamos que los expuestos hasta ahora son una buena muestra de que, con los acuerdos necesarios con las Comunidades Autónomas, los nuevos responsables ministeriales tienen un amplio espectro de actuación sobre el que no les valdrá la disculpa de la falta de competencias a la hora de rendir cuentas de su gestión política en el futuro.