Carta abierta al Director General de Ordenación de las Profesiones Sanitarias

En el sector de servicios, como la sanidad o la educación, resulta obvio que sus profesionales son el factor que determina su buen funcionamiento y su efectividad.

El nombramiento de un nuevo responsable del ámbito de Ordenación Profesional en el Ministerio de Sanidad (Miguel Ángel Máñez) podría ser, pues, una oportunidad para una etapa innovadora en la planificación de los recursos profesionales del sistema, área que, desde hace décadas, viene arrastrando notorios problemas que, además, se van acentuando progresivamente.

Es un reto significativo, entre otras razones porque las decisiones que se requieren han de basarse en el análisis, con perspectiva a medio y largo plazo, sobre las necesidades cuantitativas y cualitativas de los múltiples tipos de profesionales que integran el sistema y no solamente de los médicos.

Sin olvidar que también siguen estando pendientes sustantivas reformas en las distintas fases de la formación de los profesionales, en el grado, la especialización,  la formación continuada y el desarrollo de la carrera profesional; así como en el de la redefinición – actualización y adaptación—de las relaciones competenciales y laborales entre las diversas profesiones y, sobre todo, del marco legal de las interacciones de los sanitarios con las entidades y empresas proveedoras de servicios para el sistema sanitario público, hasta hoy encorsetadas por un estatuto marco a todas luces obsoleto conceptual y operativamente.

Tras la culminación en 2001 de las transferencias de competencias a las comunidades autónomas, la dinámica predominante por parte de unos y otros ha sido la de “echar balones fuera”, de modo que lo que prevalece es la pasividad y lo que se echa en falta es una estrategia global, transversal e integradora, frente a los problemas en este ámbito.

Seguir como hasta hoy, con parches y cataplasmas reactivas ante la aparición de problemas súbitos en cualquiera de los ámbitos mencionados, no impide el deterioro progresivo de la calidad de vida y motivación de los profesionales, de sus interacciones mutuas y de ellos con el sistema sanitario.

Resulta pues irremplazable abandonar la pasividad de unos y otros, sobre todo de los colectivos y organizaciones profesionales y de los decisores políticos, y afrontar el problema mediante propuestas de futuro viables y lo suficientemente concretas que permitan alcanzar acuerdos entre las distintas partes implicadas, de modo que se consiga comprometer un calendario de actuaciones políticas que aporten soluciones a los graves problemas existentes.

De ahí que nos atrevamos a proponer al flamante encargado de la Dirección General de Ordenación Profesional que priorice el objetivo de diseñar y adoptar la estrategia política conjunta en este su ámbito de responsabilidad.

Y para avanzar en esta línea tal vez fuera adecuado convocar una Conferencia Estatal sobre las Profesiones Sanitarias a la que invitar a los distintos sectores y profesiones implicados, así como a los respectivos responsables autonómicos. Un encuentro concebido para ser operativo, a partir de propuestas institucionales claras, concisas y centradas en los interrogantes principales planteados para permitir alcanzar conclusiones aceptables y aceptadas por todos.