Retos y oportunidades de la salud mental en la adolescencia

Tras finalizar ya el primer cuarto del siglo XXI, estamos viendo cómo la explosión de la demanda de atención de problemas de salud mental en la adolescencia, lejos de ser algo pasajero, se ha establecido como estructural. Desde mi posición como director médico en dos hospitales de salud mental de San Juan de Dios en Madrid, observo a diario cómo el malestar psicológico en esta etapa vital ha aumentado en complejidad, intensidad y, en muchos casos, gravedad. Además del incremento en la prevalencia de trastornos, se observa una transformación profunda en la forma en que los jóvenes experimentan el sufrimiento, se relacionan con su entorno y buscan —o evitan— ayuda.

En primer lugar, hemos de explicar que la adolescencia es una etapa de especial vulnerabilidad neurobiológica y emocional. El cerebro está en pleno desarrollo, especialmente en las áreas relacionadas con la regulación emocional, la construcción de la identidad, la toma de decisiones y el control de impulsos. Está establecido que la aparición de la gran mayoría de los trastornos mentales se produce en la adolescencia (el 50% antes de los 14 años y el 75% antes de los 24 años), por lo que es en la infancia y la adolescencia donde deberíamos poner todos nuestros esfuerzos (inversión) para tratar de evitar su aparición, retrasarla o, en último lugar, mitigar sus consecuencias.

En segundo lugar, es nuclear revisar y pensar en los factores determinantes de salud que condicionan de manera decisiva la aparición de trastornos mentales. Esto implica que deberíamos intentar reducir o eliminar factores de riesgo como la pobreza y la violencia (psicológica, acoso escolar, física, sexual, de género, en redes, etc.) así como de intentar potenciar los factores de protección (entornos seguros, respetuosos y protectores en el seno de la familia, en la escuela y en la comunidad en sentido más amplio).

Un Pacto Social por la prevención

Cualquier política de prevención debe poder poner el foco inicial en proteger estos aspectos sociales esenciales, basados en la reducción de la desigualdad, en asegurar una oferta educativa y social de calidad, así como finalmente en la accesibilidad a recursos especializados de forma adecuada. Aquí los más vulnerables son los que más tienen que perder.

Entendiendo lo anterior, se puede explicar de forma sencilla porque no podemos, ni debemos, dejar en manos solamente de los especialistas en salud mental el abordaje de esta problemática. Se trata de una responsabilidad mucho más amplia, de toda la sociedad: familias, educadores, maestros, políticos, justicia, etc. Es necesario un Pacto Social por la salud mental. En todos estos ámbitos, tenemos que pensar cómo invertir los recursos y es en los que menos tienen, o más dificultades presentan, donde deberíamos centrar nuestro esfuerzo y a quienes dedicarles nuestros mejores profesionales.

Las políticas públicas de prevención y promoción de salud y específicamente de salud mental, deberían pasar de ser una anécdota a ser centrales para tratar de afrontar estas dificultades con mayor probabilidad de éxito. La ciencia ya nos está diciendo que la prevención primaria (en población general) o la prevención selectiva (en poblaciones de riesgo), reporta claras ventajas y se muestra exitosa en reducir la aparición, o en mejorar el pronóstico, de los trastornos mentales que podrían ser detectados en la adolescencia. En este sentido, en San Juan de Dios España tenemos experiencias exitosas de colaboración entre administraciones, en diferentes comunidades, en la puesta en marcha de Programas donde se trabaja el bienestar emocional y la Resiliencia de los adolescentes y familias, como el Programa Henka.

Retos en la intervención especializada

Entrando en el plano de la intervención especializada, detectamos varios problemas:

• El acceso a los servicios es desigual y, en muchos casos, tardío. Las listas de espera, la falta de recursos especializados y la escasa presencia de programas comunitarios dificultan la detección precoz y la intervención temprana. Debemos alejarnos, además, de la creciente medicalización del malestar cotidiano. Nos encontramos con servicios que, de forma habitual, se interrumpen a los 18 años, con el paso a la etapa adulta, complicando aún más esta transición vital, con un cambio en el equipo de profesionales, el lugar de intervención e incluso el estilo o modelo de la misma.
• La coordinación entre salud, educación y servicios sociales sigue siendo una asignatura pendiente en nuestro sistema.
• Cuando hablamos de intervención especializada, entendemos como imprescindible la visión de profesionales bien formados que trabajan en equipo de forma integrada, como nuestro modelo en los centros de San Juan de Dios propone, interviniendo en todas las esferas de la vida y atendiendo todas las necesidades de forma integral, coordinada, continua y centrada en la persona. Si queremos responder de manera eficaz al desafío de la salud mental adolescente, debemos abandonar enfoques parciales y apostar decididamente por modelos que sitúen a la persona —en toda su complejidad— en el centro de la intervención.
• Por otro lado, el déficit de profesionales especializados, de la psiquiatría, la psicología clínica, enfermería especialista en salud mental, requiere una reflexión profunda y una adecuada planificación e inversión.
• Debemos seguir combatiendo el estigma, para que no se siga viviendo el malestar en silencio por miedo al rechazo o a la incomprensión y con ello el retraso en la ayuda, visibilizando todas las problemáticas y no sólo las que, por modas o menor complejidad, pueden ser más fácilmente mostradas.

Desde nuestro proyecto asistencial, integrado en la red pública, o desde la colaboración público-social, en el marco de una gran organización sin ánimo de lucro, defendemos una serie de reivindicaciones que nos gustaría poder sintetizar. En primer lugar, un gran pacto social por la salud mental de los adolescentes.

En segundo lugar, derivado de ese pacto y análisis previo, un aumento sostenido de la inversión en salud mental, especialmente en recursos infantojuveniles, que puedan ser evaluados de forma sistemática para que esa inversión sea eficiente y genere el mayor impacto posible en la sociedad. En tercer lugar, la creación de redes asistenciales integradas que superen la fragmentación actual. En cuarto lugar, la incorporación sistemática de la prevención y la promoción de la salud mental en las escuelas, las familias y en la comunidad. Y, finalmente, el reconocimiento del adolescente como sujeto activo en su proceso de cuidado.