Un
MIR de ‘segunda división’. Así se sienten los residentes
extracomunitarios al medir las desventajas laborales que padecen frente a cualquiera de sus compañeros de origen español. Después de lograr su acceso con en un cupo minoritario de plazas en el
Sistema Nacional de Salud (SNS), los extracomunitarios se enfrentan a la misma carga laboral, responsabilidades y horas de trabajo que el resto. Sin embargo, no a otros derechos que se contemplan en la ley como, por ejemplo, las cotizaciones por desempleo, que son reconocidas, o no, de forma individual e invitan a la incertidumbre y desmotivación.
“Al momento de acceder a la formación sanitaria especializada, todos tenemos un mismo contrato, percibimos los mismos salarios y retenciones fiscales, pero cuando se es extracomunitario, muchos derechos laborales son ignorados o eliminados de forma inmediata, dejándonos en una situación de desventaja”, ha explicado a LA REVISTA de Redacción Médica
Juan Pablo Ovalle, presidente de la Asociación de Médicos Internos Residentes Extranjeros (Amirex).
La principal diferencia recae en las
prestaciones por desempleo. Mientras los residentes españoles y europeos logran cotizar en el mercado laboral, garantizándose ayudas en el caso de quedar en paro, los futuros especialistas extracomunitarios son evaluados con el estatus de estudiantes, vetándoles la oportunidad de disfrutar de los beneficios laborales registrados a partir de sus horas de trabajo en el Sistema Nacional de Salud. Una diferencia que, en pocas palabras, les cierra las puertas de las ayudas por desempleo y cierra, en muchas ocasiones, sus
salidas laborales al terminar la
especialización.
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Juan Pablo Ovalle, presidente de la Asociación de Médicos Internos Residentes Extracomunitarios (Amirex).
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Ante esta brecha legal, los
MIR extracomunitarios solo tienen tres opciones para seguir trabajando en España. “La más común es el acceso a la sanidad privada, aunque también se pueden dar de alta como
autónomos o acordar, con un hospital, la tramitación de una
tarjeta de trabajo. Si ninguna de estas fórmulas tiene éxito, los residentes tendrán que hacer sus maletas y volver a sus países de origen”, explica Ovalle. No obstante, algunos han optado por una vía alternativa: los
procesos judiciales.
El presidente de
Amirex recuerda, al menos, la existencia de al menos 10 sentencias judiciales a favor de que los residentes extracomunitarios tengan los derechos a
cotizar y, por ende, a la prestación por desempleo. Sin embargo, no se trata de un camino sencillo de asumir por cualquier MIR, ya que requiere de un plazo aproximadamente de dos o tres años, así como de unos
costes económicos que no siempre son asumibles por parte de un residente que ya tiene una serie de gastos vinculados a la distancia con su país de origen.
“Aunque las sentencias pueden ser consideradas como
jurisprudencia en las autonomías que aún no se han pronunciado al respecto, los residentes extracomunitarios echamos de menos la existencia de una
normativa nacional que permita normalizar esta situación y que evite la
incertidumbre de los futuros especialistas”, ha precisado Ovalle.
NORMATIVA NACIONAL
El presidente de la
Asociación de Médicos Internos Residentes Extranjeros indica que, a pesar de las dificultades, no tirará la toalla en la búsqueda de la normativa nacional que, advierte, “aún parece muy lejana de conseguir”. Su poco optimismo responde a los resultados de las reuniones que ha mantenido con el
Ministerio de Sanidad, en las que, según explica, “no ha sido posible llegar a un pacto con
Ordenación Profesional en relación con esta problemática”. Sin embargo, no ha sido el único revés en su proceso de negociaciones.
CON LA SENTENCIA EN MANO
El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha sido uno de los que se han posicionado a favor de los MIR extracomunitarios. A finales de 2016 dictó una sentencia favorable al reconocimiento del derecho de cotizar al desempleo de los médicos residentes extracomunitarios, así como lo solicitaba UGT en la denuncia. Una decisión que coincide con la medida tomada en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en mayo del mismo año. En este sentido, ambos tribunales aseguraron que, por una mala interpretación de la normativa, al colectivo MIR se les suprimió este concepto de la nómina. Esto suponía, por ende, una discriminación con respecto al resto de los residentes.
Ovalle ha indicado que, a pesar de que inicialmente fue un aspecto que trabajó con parte del equipo de la
Organización Médica Colegial (OMC), el apoyo fue menguando con el paso del tiempo hasta llegar a punto muerto, como están actualmente. En este sentido, solo ha encontrado un aliado en los sindicatos, con quienes mantiene una relación un poco más estrecha de cara a la defensa de los derechos de los trabajadores. “Tengo que destacar la participación de la
Unión General de Trabajadores (UGT) en Cantabria y de
Comisiones Obreras (CCOO) en Madrid”, señala.
“Creemos que si Sanidad oferta una sola plaza para un MIR extracomunitario, lo lógico es que tenga los mismos
derechos y deberes que el resto de sus compañeros. Esta situación que no se está cumpliendo. Nosotros no entramos a valorar si deben haber más o menos plazas en las próximas convocatorias, porque respetamos que sea una decisión de la
Administración Pública; pero sí defendemos que no haya diferencias entre los residentes”, precisa el presidente de Amirex.
En la misma línea, solicita una revisión de las condiciones discriminatorias que existen en algunas de las
Ofertas Pública de Empleo (OPE). “En muchas ocasiones las plazas de empleo están limitadas a ciudadanos españoles o de la Unión Europea, dejando fuera a todo profesional sanitario que, a pesar de cumplir con los requisitos, ya está excluido por su país de origen. Esta es una situación que debería terminar”, sentencia.
DISCRIMINACIÓN HOSPITALARIA
Aunque parece que
racismo y xenofobia no tienen cabida dentro de los hospitales, aún se percibe casos de discriminación que afectan directamente a algunos de los MIR de origen extracomunitario. La
Asociación de Médicos Internos Residentes Extranjeros ha elaborado un informe entre 2012-2014 de los casos de denigración registrados durante ese período, dando por resultado 14 denuncias por casos de este tipo. Sin embargo, Ovalle indica que esta es solo la punta del iceberg.
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Dos R1 extracomunitarios en Madrid.
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“Muchos residentes tienen miedo a denunciar. Consideran que sus quejas podrán verse
sancionadas con una mayor discriminación o incluso con la
expulsión del SNS. Por eso, hemos estimado que, por cada MIR extracomunitario que denuncia, hay otros 10 que se mantienen en silencio”. Un cálculo que les hace asegurar que, en el plazo de dos años, se pueden estar llegando a los
150 residentes afectados, explica.
En un sistema que apuesta por la humanización, aún quedan asignaturas pendientes en el
cuidado de los profesionales sanitarios, en especial para aquellos que han emprendido un largo viaje para formar parte del SNS y que, con las mismas competencias adquiridas que el resto de sus compañeros españoles, no dispone de las mismas oportunidades en el momento de
cotizar o de formar parte activa del mercado laboral. Una situación que, sin poder evitarlo, les hace sentir como un MIR de ‘segunda división’.
Aunque pueda contener afirmaciones, datos o apuntes procedentes de instituciones o profesionales sanitarios, la información contenida en Redacción Médica está editada y elaborada por periodistas. Recomendamos al lector que cualquier duda relacionada con la salud sea consultada con un profesional del ámbito sanitario.