Al inicio de la legislatura pasada y después de aprobar el polémico Real Decreto de Ley 16/2012, fueron varios los proyectos legistativos que manejó el nuevo Gobierno del Partido Popular para darle un necesario lavado de cara a la prestación sanitaria en España, entre ellos
la introducción de la gestión clínica en la sanidad nacional.
Todas eran iniciativas ambiciosas y prometían hacer evolucionar el Sistema Nacional de Salud (SNS) y cubrir 'fallas' en su funcionamiento, como la troncalidad de la formación en ciencias de la salud, el real decreto de precios y financiación de los medicamentos y los productos sanitarios o la prescripción enfermera.
Aunque pocos o ninguno de ellos ha salido adelante, o al menos como debería. De ahí que, tras el periodo de 'impasse' electoral en el que ha estado el Gobierno durante el último año, las labores para sacarlos adelante se hayan retomado con nuevos bríos.
Sin embargo,
este no es el caso del real decreto de gestión clínica, que ni está ni se le espera, o al menos en un corto plazo. Si bien durante un tiempo fue uno de los cambios legislativos más reclamados por el sector sanitario, en esta legislatura que ya lleva varios meses de andadura ha dejado de ser una prioridad para el Gobierno, los médicos y los enfermeros.
UN POCO DE HISTORIA
La nueva normativa de gestión clínica, bajo la fórmula de real decreto, llegó con el fin de hacer más eficiente el modelo, implicar más a los profesionales sanitarios y cambiar la estructura de mandos del SNS. Comenzó a gestarse en 2013, en forma de real decreto y bajo la mano de
José Javier Castrodeza, secretario general de Sanidad hoy y director general de Ordenación Profesional por aquella época. Se le dotó de notable importancia, se convirtió en uno de los proyectos
estrella en aquel momento y fue uno de los protagonistas de los llamados
Acuerdos de Moncloa, los pactos alcanzados por el Gobierno con los colectivos de médicos y enfermeros cuando la crisis más arreciaba.
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Imagen de familia de los acuerdos firmados en el Palacio de Moncloa entre los colectivos de médicos, de enfermeros y el Gobierno de España, en julio de 2013. En el centro, Mariano Rajoy y Ana Mato.
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Precisamente, médicos y enfermeros, protagonistas de las unidades de gestión clínica tal y como se diseñaron, llegaron a un consenso y
dieron sus bendiciones al contenido del documento. En cambio, el
Consejo de Estado, que evaluó el real decreto, no dio la suyas, pero no por
desacuerdos sobre el texto de la reglamentación ‘per se’: el problema es que el proyecto era tan ambicioso que superaba las capacidades del real decreto. Si se quería hacer realidad la gestión clínica, era necesario desarrollarla en un rango superior, como una
proposición de ley.
FALTA DE IMPULSO
Obedeciendo el mandato del Consejo de Estado, ahora tocaría impulsar el proyecto en el Congreso como proposición de ley, pero parece que ya no es una prioridad... para nadie.
Fuentes del Ministerio de Sanidad apuntan que todavía no se han puesto manos a la obra en esta cuestión. A pesar de que reconocen su importancia y que esperan darle salida cuanto antes, no hay todavía un calendario para este desarrollo. En cambio, sí que están marchando asuntos más apremiantes como las modificaciones del real decreto de prescripción enfermera o el desarrollo de la troncalidad (ya sin real decreto, después que fuera anulado por una sentencia del Tribunal Supremo).
“
No hemos tenido ningún avance concreto en la norma”, informa a su vez
José Luis Cobos, director general del Instituto Español de Investigación Enfermera del Consejo General de Enfermería, y uno de los protagonistas en el desarrollo de los últimos años de la gestión clínica. “Hemos dejado pasar el verano y no hemos tenido ningún contacto con el Ministerio o los médicos en este asunto. Pero nuestro posicionamiento ha estado muy claro desde el principio, puesto que siempre hemos considerado que la figura del enfermero podría ocupar espacios que ahora no está ocupando”.
Con todo, reconoce que esta regulación no es la más inmediata en los planteamientos de las enfermeras. “Tenemos una prioridad inmediata sobre la mesa, que es el decreto de prescripción enfermera.
Preferimos ir zanjando temas que son preferentes”, posición que no ocupa la gestión clínica.
Por otro lado, “en los pactos de Moncloa quedaban muy claras las bases de la gestión clínica, y al firmarlos fuimos conscientes de que iban a ser éstas las que darían el desarrollo normativo y político a la legislación. Nos vamos ceñir a ellas y no vamos a introducir ninguna más”. Aunque Cobos no cierra la puerta a “
revisar desde el inicio las propuestas que hicimos en la nueva legislación que se vaya a llevar a cabo”.
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José Luis Cobos, Francisco Miralles y Fernando Carballo.
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NO A LAS REVISIONES
No comparten este punto de vista los médicos. “
El documento está cerrado. No queda pendiente ninguna negociación más, sino que lo mismo que estaba ya acordado se lleve al Congreso de los Diputados y como un decreto ley, tal y como ha indicado el Consejo de Estado”, precisa
Francisco Miralles, portavoz del Foro de la Profesión Médica y secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM).
Además, reclama que “este movimiento lo haga el Gobierno” a través del Grupo Popular, no que lo presente otro grupo parlamentario. “Otra cosa es que le demos un plazo determinado al Gobierno y no se haga, aunque este tiempo todavía no se ha determinado. Pero debemos tener esta deferencia”.
Sin embargo, suscribe que “hay cosas prioritarias como la mejora de plantilla o de salario. Antes de abordar la gestión clínica, los profesionales se tienen que recuperar de los recortes”.
“Es una prioridad, aunque es verdad que abordar la precariedad laboral tiene una posición preferente en los intereses del colectivo médico”, reconoce
Fernando Carballo, presidente de la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (Facme). Recalca que “no hay ningún avance evidente en gestión clínica, pero el atasco no es conceptual sino político y jurídico”.
Además, no ve que pueda salir adelante en el corto plazo una proposición de ley. “
El Congreso es complicado. Tenemos tantas dificultades para llegar a la unanimidad sobre algo tan fundamental como un pacto político por la sanidad… Pero es fundamental que el debate llegue a los legisladores lo más pronto posible”.
Consejo interterritorial, clave
Para Fernando Carballo, presidente de Facme, el futuro de la gestión clínica no pasa solo por el Congreso de los Diputados. “El Consejo Interterritorial del SNS no se pone de acuerdo en un concepto común de gestión clínica”, lamenta, algo que es clave para que se aplique una posible norma estatal en todas las comunidades autónomas, puesto que en algunas de ellas hay reglamentos de gestión clínica ya desarrollados.
“Es necesario que en este órgano se aborde la cuestión, con recomendaciones vinculantes para todos los servicios de salud”, insiste Carballo. “Necesita funcionar como una conferencia sectorial y que las recomendaciones que salgan del Consejo Interterritorial sean mandatos vinculantes para el conjunto de las consejerías de Sanidad”.
APOYOS EN EL CONGRESO
La pelota está en el tejado de los grupos parlamentarios, y dado que el Partido Popular, que presuntamente sería la formación que presentaría la proposición de ley de gestión clínica, necesitaría apoyos de la oposición, ¿
qué opinan otros grupos parlamentarios?
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Jesús María Fernández, Teresa Angulo y Francisco Miralles, portavoces en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados de PSOE, PP y Ciudadanos.
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“Bueno, el aliado natural del Partido Popular en estas cosas es el PSOE”, bromea
Francisco Igea, portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados. “Dicho esto como chascarrillo, nosotros creemos en la gestión clínica y en nuevas fórmulas de gestión. Pero primero tenemos que establecer indicadores para evaluar sus resultados. Eso es lo que hemos dicho siempre: hasta que no tengamos un portal de transparencia con resultados clínicos, en salud y en general difícilmente podremos decir si una fórmula de gestión es diferente a otra”.
Por ello,
la inclusión de transparencia y resultados en salud en el texto son “ ’condición sine qua non’ ” para que una futura ley de gestión clínica cuente con el apoyo de la formación naranja. “Cuando esto esté hecho, podremos evaluar políticas públicas nuevas, como la gestión clínica”. ¿Por qué reclama estos cambios, si el texto ya cuenta con el visto bueno de médicos y enfermeros? “Soy médico, pero también responsable político, y en este otro rol requiero una ley que garantice un sistema sostenible, con mejoras para los profesionales e indicadores de resultados”.
Por su parte,
Jesús María Fernández, homólogo de Igea en el PSOE , considera que antes la propuesta “nos la tiene que plantear el Gobierno y no lo hemos hablado todavía. Cuando lo haga y traiga la iniciativa al Congreso, adoptaremos una
postura en el seno del PSOE con nuestros consejeros de Sanidad y con una postura coordinada”.
Lo que parece claro es que la gestión clínica ha perdido el carácter de prioridad absoluta que llegó a tener en el pasado. Las urgencias salariales del personal sanitario y otros proyectos legislativos le han adelantado y
está encallada, en punto muerto. En manos del Congreso queda el resucitar el desarrollo de la gestión clínica y ponerlo en marcha, o dejar que siga en la cuneta.
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