En
España, se contabilizan al año entre de
3.500 y 4.000 casos consumados y confirmados de muerte por suicidio (3.539 para el año 2018, según el INE), muy por delante de fallecidos por accidentes de tráfico (1.896 para el 2018) o víctimas de homicidio (275 para estadísticas del mismo año); unos alarmantes datos que la pandemia por
Covid-19 ha sacado a la luz.
El
suicidio está alcanzado mayor significación a nivel tanto social como político por el actual contexto de crisis sanitaria y, por ello, el Gobierno ha impulsado medidas como la creación de un
teléfono público estatal, el 024. Pero,
¿se están poniendo en marcha las políticas correctas para abordar esta problemática?
Para responder a esta pregunta, el investigador
Andy Eric Castillo ha liderado el estudio 'Contención del suicidio en España: evaluación del diseño de las políticas y Planes de Salud Mental de las Comunidades Autónomas', cuya principal conclusión es que existen
"importantes desequilibrios territoriales" en el diseño de las políticas de contención del suicidio en España.
Este riguroso análisis, publicado en la revista del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), realiza un examen crítico de la correspondencia entre los
guidelines de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los
Planes de Salud Mental y sus estrategias, planes o protocolos específicos.
Y es que, a este respecto, han sido múltiples y reiteradas las interpelaciones de la OMS a que los Estados, en todos sus niveles administrativos, planteen estrategias públicas integrales ante el
crecimiento mundial del fenómeno.
Tasas de muertes por suicidio en España
España es un territorio con una
baja tasa de muertes por suicidio en relación con Europa y el mundo. Sin embargo, según el estudio, la distribución de estas muertes entre CCAA es ampliamente desigual tanto en términos absolutos como relativos, con
Asturias y
Galicia a la cabeza de casos y, a la contra,
Cantabria y
Madrid con menor incidencia registrada.
“Se estimaría que a más alta la tasa, mayor urgencia en las medidas de contención. Sin embargo, las medidas de contención
no establecen una relación directa en su actualización respecto a las tasas. De hecho, se identifican diferentes marcos de actuación y de actualización de los Planes de Salud Mental y las estrategias, planes y protocolos de contención del suicidio”, explica el autor.
En esta línea, señala que las CCAA con mayor incidencia del suicidio en sus territorios “comprenden una actualización tardía de su Plan de Salud Mental, como es el caso de Galicia, bien carecen de una línea estratégica dentro del
Plan de Salud Mental, tal y como ocurre en el caso de Asturias, o bien
carecen de un marco de actuación consolidado, tal y como son en los casos de Andalucía y Murcia”.
Por otra parte, se hace referencia a que CCAA con baja y moderada incidencia, como
Madrid y
Navarra, presentaron en su momento pioneros planes específicos que, sin embargo, en la actualidad
“carecen de una actualización de los mismos”.
“Con todo, cabe señalar que la ausencia de una
estrategia autonómica específica no indica tanto una ineficacia a la hora de planificar la contención del suicidio en un territorio, sino que señala un tipo de interpelación contraindicada. Es decir, en términos de la OMS, esto refleja un grado de priorización que se puede definir como de
«falta de liderazgo» por parte de una administración en la contención del suicidio dada la escasa movilización de unos determinados marcos en el diseño de dichas políticas”, subraya.
Mejorar la formación y especialización de profesionales sanitarios
Según arroja el autor en las conclusiones del análisis, la prioridad se establece en la necesidad de mejorar la
formación y especialización de profesionales sanitarios en alianza con profesionales de los medios de comunicación y miembros de los servicios de emergencias, además de tratar de reforzar los mecanismos y medios de detección temprana y la obstaculización del acceso a medios letales.
Sin embargo, Castillo destaca que
“faltan compromisos formales por parte de los actores políticos con representación parlamentaria”, siendo la discusión de propuestas y medidas “muy limitada y dilatada en el tiempo”. En relación con los debates que mantiene el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud así como las comisiones de salud de las CCAA, lamenta que hay una “escasa incorporación” de la evaluación del trabajo previo, así como las medidas implementadas hasta el momento.
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