Sanidad marca los tiempos para revivir una ley estrella de legislatura

La polémica en torno a la gestión de Ribera Salud en el Hospital de Torrejón hizo que el Gobierno activara su maquinaria de defensa de la sanidad pública. Después de que se filtraran unos audios en los que el exCEO de la compañía, Pablo Gallart, pidiera supuestamente priorizar el beneficio económico a la atención de los pacientes, el Ministerio de Sanidad remitió una solicitud a la Comunidad de Madrid para recabar información sobre las investigaciones autonómicas en torno al caso.

Pero esa no fue la única medida que se puso sobre la mesa desde Moncloa. A primeros de diciembre, Mónica García aprovechó su comparecencia en una rueda de prensa posterior a un Consejo de Ministros para sacar del cajón uno de los objetivos con los que aterrizó en el departamento: “Necesitamos una ley que proteja lo público y lo gestione con criterios públicos, para que nadie sea capaz de anteponer criterios económicos a la salud”, dijo.

Se trata de la Ley de Gestión Pública del Sistema Nacional de Salud, uno de los tres proyectos normativos en los que García y su equipo dividieron la fallida Ley Darias de Equidad, Universalidad y Cohesión, que quedó en agua de borrajas por el fin prematuro de la pasada legislatura.

En un primer momento, la ministra anunció que el anteproyecto de ley, que ya superó su fase de consulta pública, se elevaría al Consejo de Ministros a primeros de 2026. Poco después, tras el último Consejo Interterritorial del año, fue más concreta y anunció que Moncloa podría dar luz verde al texto en enero.

Esa previsión no se ha cumplido, pero en el Ministerio de Sanidad están tranquilos al respecto. “Estamos trabajando en ello”, señalan a Redacción Médica desde el departamento. Las mismas fuentes aseguran que se mantiene la intención de elevar el anteproyecto al Consejo de Ministros durante los primeros meses de 2026, aunque advierten, eso sí, de que los asuntos a despachar en cada cumbre no dependen del ministerio…

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