El
Gobierno ha admitido en una de sus respuestas parlamentarias -a cuestiones formuladas por Sumar-, que el protocolo que regula las condiciones de las
personas objetoras de conciencia respecto al aborto todavía se encuentra en las "
fases iniciales" de su elaboración. Se trata de un documento que debe recoger las condiciones mínimas para garantizar el cumplimiento de los objetivos perseguidos con la creación de este Registro.
Esta actualización llega en un contexto marcado por la
división del Gobierno respecto a la inclusión del aborto en la Constitución, siguiendo el modelo de Francia. La ministra de Sanidad,
Mónica García, apoya esta medida, propuesta por Sumar, ya que considera que existe un “consenso social” en torno al
derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Lo ha hecho mediante un mensaje en la red social X, en el que especifica su intención de “blindar” este derecho.
La pretensión de Sumar, según ha explicado
Aina Vidal, portavoz de esta formación en el Congreso, es la de presentar una
proposición de ley en esta materia en las próximas semanas. "De momento, simplemente lo que hemos hecho es
abrir este debate", ha expresado la portavoz.
Por el contrario, las ideas del Ministerio de Igualdad no fluyen en la misma línea. La ministra,
Ana Redondo, ha
descartado esta opción tras argumentar que conllevaba una
reforma “muy exigente” que requiere de “enormes consensos”. Por ello, su opinión es que esta reforma de la Constitución
no dispone de los requisitos necesarios para llevarla a cabo. Vidal, por su parte, ha asegurado que Redondo
cambiará de idea respecto a esta propuesta, pero por el momento habrá que esperar para ver los siguientes pasos de la ministra de igualdad…
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