Han pasado ocho años desde la denuncia presentada por un
exconcejal del Movimiento Falangista, a la que se sumó el
PP, contra la pediatra y exalcaldesa
socialista de Santoña Puerto Gallego por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa relacionado con el fraccionamiento de contratos en el Ayuntamiento de Santoña. Gallego, que asumió en su día importantes puestos sanitarios en la ejecutiva socialista, tuvo que
dimitir y renunciar a su acta como diputada nacional cuando se supo que el Tribunal Supremo (que se hizo cargo de la causa por su condición de aforada) iba a investigarla. Ahora, el Juzgado de Instrucción número 2 de Santoña dice que no hay delito en un auto sin motivar y por tanto la causa ha quedado archivada...
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