Las víctimas italianas de la
talidomida están redoblando la presión para que su Gobierno ponga en marcha el
desarrollo normativo que regule las
indemnizaciones que han de percibir. El Senado del país transalpino aprobó hace justo seis meses una norma que establecía el cobro de las mismas a todos los afectados por el medicamento de
Grünenthal (y no solo a los nacidos entre 1958 y 1966, como el decreto anterior). Sin embargo, si el Ministerio italiano de
Salud no coge el guante antes de una semana, el mandato del legislativo quedará sin efecto.
“Estamos hartos de esperar”, se queja Nadia Malavasi, la presidenta de la asociación de afectados italiana. Hartura comparable a la de las
víctimas españolas de
fármaco, que ni siquiera tienen una ley aún a la que acogerse…
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