A pesar de que, oficialmente, los
problemas de agenda eran la causa de los retrasos que ha venido sufriendo la
firma del protocolo de sostenibilidad entre los ministerios de
Sanidad y Hacienda y Farmaindustria, las barreras a solventar eran
mucho más serias y podrían haber hecho que el acuerdo embarrancara, al menos hasta 2017. Según cuentan fuentes del sector, la
Abogacía General del Estado había puesto varias trabas al contenido del documento, cuya rúbrica ha estado en vilo hasta última hora. Sin embargo, finalmente, ha salido adelante con escasos y mínimos cambios respecto al texto plantenado y su predecesor de 2015, manteniéndose
tanto la tasa de referencia respecto al PIB (es decir, el límite de crecimiento del gasto farmacéutico) como la característica de que las regiones se tienen que
adherir a él si quieren acceder al FLA…
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