Un mes. Es el plazo que exige el Partido Popular al Gobierno para regular la ejecución del reconocimiento efectivo y concesión de ayudas a las personas afectadas por la Talidomida entre 1950 y 1985. Unos 3.000 niños en total, de los que se calcula que están vivos alrededor de 300. En concreto, la formación pide impulsar un real decreto que permita dar continuidad al trabajo iniciado en 2017 y en el que confluyan las iniciativas de los ministerios de Sanidad, Derechos Sociales y Agenda 2030, y Ciencia e Innovación, y la Asociación de Víctimas de Talidomida de España. Dichas ayudas deberán ser concedidas según niveles de discapacidad y con criterios de equidad, tal y como especifican los populares en la Proposición no de Ley presentada en el Congreso. El PP eleva así las reivindicaciones de los afectados para acceder a reconocimientos médicos periódicos, ayuda psicológica, ayudas ortopédicas al 100 por cien, pago de pensiones y beneficios fiscales, además de una unidad médica de referencia especializada en deformidades impulsada por la compañía farmacéutica alemana Grünenthal, que patentó el medicamento...
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