Para intentar
frenar la ley ‘anticonciertos’ de la Comunidad Valenciana, el sector sanitario privado se ha unido en bloque y ha sacado toda su artillería pesada. Liderados por
la Alianza por la Sanidad Privada Española (ASPE), este sector no dudó en ningún momento en
presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el Defensor del Pueblo y elevarlo, posteriormente, hasta la mismísima Moncloa. En concreto, la entidad que preside
Cristina Contel se ha puesto en contacto con el presidente del Gobierno para que valore si la norma que ha puesto en marcha
Carmen Montón en su región
invade o no las competencias del Estado. Sin embargo,
el ajetreo político antes de las vacaciones impedirán, según parece, que Mariano Rajoy dé su respuesta antes de septiembre, tal y como ha podido saber
Redacción Médica. A pesar de la tardanza burocrática,
la privada espera que “el presidente conteste y actúe” con lo que consideran una “discriminación” sanitaria…
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