En abril de 2018, la tecnológica
Indra aportaba sus
sistemas a 5.600 hospitales y centros de salud,
gestionando 26 millones de historias clínicas. Un año y algunos meses después, la empresa ha aceptado declararse
culpable de delito fiscal tras abonar una multa de 171.000 euros y aceptar una condena del Juzgado de lo Penal número 26 de Madrid. Además se quedará
sin poder acceder a subvenciones públicas durante 9 meses. Un descalabro que lastra la imagen de una multinacional que
maneja información tan sensible como los mencionados historiales médicos de pacientes y que complica la justificación de su papel como colaboradora de la Administración cuando
tuvo que ser la Fiscalía quien formulara la querella contra Indra. Y todo ello para una corporación cuyo mayor accionista es el Estado…
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