A pesar de que la
Ley de Contratación Pública está en vigor y, de hecho,
ya se están poniendo en marcha fórmulas para reducir la peligrosa variabilidad interpretativa que puede generar en las diferentes autonomías,
su futuro no está nada claro. Según ha podido saber
Redacción Médica, Aragón planea interponer un
recurso ante el Tribunal Constitucional contra la norma, puesto que interpreta que unos 150 artículos de la misma (incluyendo varios relacionados con el sector sanitario) invaden
competencias regionales. El recurso se interpondría, y se aceptaría a trámite, justo después del verano y, según fuentes jurídicas,
existen indicios que apuntan que podría prosperar y que el Alto Tribunal podría suspender la legislación. Aunque el final de esta trama tendrá que esperar a la segunda mitad del año...
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