El
Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 trabaja en trasponer una
normativa europea en torno a la regulación de los productos alimenticios tratados con
radiaciones ionizantes. Concretamente, en lo que respecta a "determinadas obligaciones de presentación de información en los ámbitos de los alimentos y los ingredientes alimentarios, el ruido al aire libre, los
derechos de los pacientes y los equipos radioeléctricos", tal y como consta en el Real Decreto que ha sacado a audiencia pública.
El documento, que ya superó el trámite de consulta pública sin haber recibido alegaciones, pretende suprimir la obligación de presentar informes anuales por parte de las autoridades competentes nacionales al encontrarse tal obligación ya garantizada.
No obstante, en la tramitación del presente real decreto se ha previsto la recopilación de otros informes, por ejemplo, el elaborado por parte de las
Secretarías Generales Técnicas de los Ministerios que resultan afectados, entre los que se encuentra el
Ministerio de Sanidad. Y es que el documento hace alusión a la
Ley General de Sanidad, que "prevé que las actividades y productos que, directa o indirectamente, puedan tener
consecuencias negativas para la salud, sean sometidos a control sanitario por las Administraciones Públicas de tal manera que se prevenga a los consumidores de
los riesgos que pudiesen derivarse de los productos alimentarios"...
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