El caso de supuesto trato de favor de dos altos cargos que se habrían saltado la abultada
lista de espera en
Asturias tiene visos de convertirse en un considerable
enredo judicial, después de que esta polémica haya añadido un nuevo capítulo que muy probablemente no será el último. Todo empezó con el portavoz sanitario de Podemos en el Principado,
Andrés Fernández Vilanova, presentando ante la
Fiscalía la documentación sobre dos casos que le había sido filtrada, ante lo cual el órgano judicial abrió diligencias para investigar el posible trato de favor. El Consejero
Francisco Del Busto consideró entonces que airear esta información en los medios, como había hecho el portavoz de la formación morada, podía ser constitutivo de un delito contra la
Ley de protección de datos y también acudió a la Fiscalía, que asimismo abrió diligencias para determinar si se ha violado esta norma. Del Busto explicó su punto de vista ante los medios, pero se le escapó un dato que Podemos jamás había mencionado –que uno de los pacientes es
oncológico–. Ante ello, Fernández Vilanova, quien insiste en que su denuncia respetó la
“intimidad” de los supuestos favorecidos, ha acudido de nuevo a la Fiscalía con la intención de que investigue a Del Busto por saltarse él también la
Ley de protección de datos.
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