Redacción. Valencia
El Consell ha autorizado a la Abogacía General de la Generalitat a interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016, porque la financiación prevista para la Comunidad Valenciana impide a la Generalitat prestar los servicios públicos fundamentales como la sanidad, la educación o las políticas sociales "en las condiciones que establece la Constitución".

Carmen Montón, consejera de Sanidad Universal y Salud Pública.

El recurso elaborado por la Abogacía General de la General Valenciana obtuvo el informe favorable del Consejo Jurídico Consultivo, decisión adoptada por unanimidad. Y la presentación ante el Tribunal Constitucional se realizará a lo largo de la próxima semana, antes del vencimiento del plazo legal el próximo 1 de febrero.

El recurso se dirige contra la Ley 48/2015, de 29 de octubre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio presupuestario de 2016. En concreto, la iniciativa reclama al Tribunal Constitucional la anulación de las previsiones de saldo del Fondo de Suficiencia regulado en el Título VII, capítulo II, artículos 111 y 112, que se desarrollan en varias secciones y programas anexos.

El cálculo del Fondo de Suficiencia realizado por el Gobierno en la Ley de Presupuestos indica que la Comunidad Valenciana debe ingresar al Estado en 2016 un total de 1.329,53 millones de euros. Pero no se trata de una cantidad a devolver al final del año, ya que el Ejecutivo central la descuenta de su previsión de entregas a cuenta a la Generalitat para el presente ejercicio, que queda fijada en 7.875,24 millones de euros.

Si el Constitucional atendiese la reclamación valenciana, “la financiación de la Comunitat procedente de las transferencias estatales debería aumentarse en esos 1.329,53 millones de euros”, explica en nota de prensa el gobierno regional. Esa cantidad es de similar cuantía a la insuficiencia financiera que reconoce la Ley de Presupuestos de la Generalitat para 2016.

Servicios públicos fundamentales "en peligro"

El resultado de esa insuficiencia financiera es que la Generalitat no puede prestar los servicios públicos fundamentales (Educación, Sanidad y políticas sociales) al nivel medio del resto de las comunidades autónomas de régimen común. De cara a 2016, la Comunidad Valenciana gastará 2.243 euros por habitante en esas tres áreas, mientras que el promedio de las comunidades autónomas es de 2.252 euros.

Esta situación contraviene lo dispuesto en el artículo 40.1 de la Constitución, que obliga al Estado a garantizar la prestación de los servicios públicos fundamentales en condiciones de igualdad a todos los ciudadanos, y el artículo 158.1 de la misma norma, que fija la Ley de Presupuestos Generales del Estado como instrumento para cumplir con ese deber de garantía. Por esta misma razón, se ven vulnerados el artículo 67 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, así como el artículo 15 de la LOFCA.

Para que esta situación no perjudique a los ciudadanos valencianos, la Generalitat ha previsto para 2016 un gasto en el resto de las competencias que tiene transferidas muy alejado del nivel medio de suficiencia de las comunidades autónomas, 347 frente a un promedio de 654 euros por habitante, algo incompatible con el ejercicio de las competencias estatutarias que tiene atribuidas.