Una de las posibilidades que baraja la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública para estabilizar a los empleados de Alzira cuando pasen a la gestión pública, es convocar ofertas de empleo público cuyos baremos favorezcan a estos trabajadores. Una solución que no augura un proceso tranquilo, a tenor de las elevadas probabilidades de impugnación de las pruebas.
“Si un candidato a un puesto en la administración pública considera que la convocatoria de la Oferta Pública de Empleo (OPE) no cumple con los principios de transparencia, objetividad, no-discriminación y que además, una de las partes del concurso-oposición, ya sea los méritos o las capacidades de los aspirantes, no está considerada con proporcionalidad, el candidato puede impugnar la convocatoria o sus bases antes de que ésta tenga lugar”. Así lo explica José Luis Piñar, catedrático de Derecho Administrativo del CEU-San Pablo.
El catedrático explica que ante la convocatoria hay que analizar las bases y considerar si se está cumpliendo la no-arbitrariedad. De lo contrario, cualquier opositor podría impugnar la convocatoria. De hecho, Piñar recuerda que “se han impugnado concursos públicos porque se estaban primando los méritos de algunas personas”.
Impugnar las bases
Piñar hace hincapié en que hay que “hay que impugnar las bases de la convocatoria, porque si no se impugnan desde el principio, se están aceptando las reglas del juego”. La impugnación desde la convocatoria de la OPE conllevaría la anulación del proceso y la Consejería debería empezar el proceso de nuevo.
La posibilidad de impugnar una OPE que beneficie a ciertos candidatos una vez ya se ha producido “es más complicado”, explica el catedrático. “Demostrar ante un juez los perjuicios de una convocatoria una vez sé si he aprobado o suspendido” es más difícil porque tal como explica el catedrático “hay muchas sentencias que consideran que si se solicita la impugnación a posteriori, se estaban aceptando las normas de la convocatoria”.
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