Las vacaciones de verano se acercan y la consejera de Sanidad Universal y Salud Pública,
Carmen Montón, deberá asumir agosto como un interregno al que le llegará un septiembre con
varias asignaturas por resolver, algunas de ellas de gravedad. Algo más de un año después de llegar a la Generalitat, su departamento
ya se ha convertido en el segundo menos productivo de todas las carteras valencianas, con la puesta en marcha de
solo dos de las seis medidas que se habían planificado, como son el Plan de Salud y el Mapa sanitario. Un balance, por cierto, que ha hecho el propio Ejecutivo presidido por
Ximo Puig.
Tendrán que esperar, por tanto, la
Ley de muerte digna, el arranque del proyecto de Campanar y el modelo de
atención farmacéutica en el ámbito sociosanitario que dispense fármacos en las residencias de ancianos, que fueron parte esencial de los
Compromisos de Morella. Una batería de medidas por las que el Ejecutivo ampliaba sus medidas de gobierno más allá del
Pacto del Botánico, y que no han tenido mucha luz en la sanidad valenciana.
A esto se suma que el colectivo médico también espera que en los próximos meses Montón rectifique respecto a uno de los temas que el PSOE llevaba en su programa:
el fin de la jubilación forzosa de los facultativos. Y es que CESM estaba realmente confiado en que la llegada del nuevo Gobierno a la región cambiara una situación sobrevenida por un decreto del Partido Popular, según confirmaron a este medio fuentes de la mencionada organización sindical. Sin embargo, parece que el nuevo plan de Recursos Humanos no es tan firme respecto a esa promesa, lo que en las últimas semanas de negociaciones ha generado desilusión entre los médicos.
Por otro lado, la Consejería deberá seguir trabajando sobre el nuevo
Plan de Salud de la comunidad, que reduce a seis las áreas asistenciales, mientras que ahora son 24. Sin embargo, lo que podía parecer una mejora en la distribución y administración de los recursos, preocupa de nuevo a las centrales sindicales, que explican a este medio que el cambio va a suponer una notable merma de la representación sindical. “
Se reduce en paralelo a las áreas, es decir, cuatro veces menos”, señalan. Una divergencia sobre la planificación y organización de los recursos que ha tenido, aunque a menor escala, un último capítulo en estos primeros días de verano, con un servicio de Urgencias de La Fe saturado hasta el punto de que sus trabajadores han notificado a la Consejería que se están dando altas precipitadamente y que no se puede atender correctamente a los pacientes por falta de medios.
Poca transparencia
Otros asuntos polémicos acechan al departamento dirigido por la socialista, como la contratación de la hija de
Dolores Salas, exsecretaria autonómica de Sanidad, en la agencia pública
Fisabio. Un fichaje que ha generado numerosas críticas porque la joven no reunía
ni una sola de las características idóneas para el puesto, siendo además estudiante de una titulación totalmente alejada de las necesidades científico-técnicas requeridas. Una posible irregularidad de contratación de personal en la que quedó patente la inactividad de la consejera, pues Salas ha acabado dimitiendo por decisión propia.
Este caso es uno más de una cadena que llega al punto de que
la Fiscalía ha abierto diligencias para investigar ese cúmulo de presuntos contratos irregulares. Estos serían el nombramiento del director económico B del Hospital de Llíria, que podría tratarse de un
“asesor encubierto”, o la contratación para una vacante del hijo de la subdirectora de Recursos Humanos de la Consejería. Ejemplos de que sobre Transparencia en la gestión se habló mucho pero se habría predicado poco con el ejemplo.
La Fiscalía tiene además otro trabajo:
investigar los casos de amenazas entre médicos por las plazas en los servicios de hospitales como La Fe o el Clínico de Valencia, donde se han cursado denuncias de supuestos jefes que no respetaban el criterio de la Bolsa de Trabajo. Actitud que aderezaban con presiones sobre los candidatos para que no aceptaran la plaza que legítimamente les correspondía.
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