Cristina Alcalá. Madrid
La Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana y el sindicato UGT están poniendo ya sobre la mesa el futuro de los profesionales sanitarios que trabajan para las concesionarias de los diferentes departamentos de salud de la región.

Tanto es así que, aunque aún queda un par de años para la reconversión, el departamento que dirige Carmen Montón está estudiando la propuesta de esta organización de aplicar “un proceso extraordinario de estatutarización del personal”, es decir, que pasen de estar bajo un régimen laboral a uno fijo.

Carmen Montón, consejera de Sanidad de la Comunidad Valenciana.

UGT alega que, según la Ley de Sucesión de Empresa, los trabajadores pasarán “con las mismas condiciones laborales y retributivas” que actualmente tengan en el momento de la reversión, “conservando los puestos de trabajo y pasando a ser personal fijo de la Consejería de Sanidad”. Una vez el proceso siga su curso, el sindicato procederá a negociar con la Administración sanitaria las condiciones de este, al que se podrá acceder de forma voluntaria, tal y como informa en una circular interna a los trabajadores.

En este sentido, y como forma de tranquilizar a las plantillas sanitarias, la organización asegura que “no peligra ningún puesto de trabajo” y que seguirán trabajando para que “nadie se quede fuera de este proceso, ni fijos ni eventuales”.

En Alzira, los primeros cambios

Desde su llegada al poder, el nuevo Gobierno autonómico está decidido a revertir el modelo de colaboración público-privado que existe en la comunidad. Y el primero de ellos será en el Hospital de la Ribera, en Alzira, cuyo contrato expira en abril de 2018 y del que Sanidad ya ha asegurado que no renovará. Esto significa que las nóminas de los más de 2.000 profesionales que trabajan en este centro hospitalario pasarán a ser asumidas por el Gobierno autonómico.

En este mismo comunicado, UGT explica que “después de haberse reunido con los grupos parlamentarios valencianos para tratar la reversión”, todos (a excepción del PP) coinciden en la necesidad de volver a un modelo de gestión pública y directa de la sanidad, sin que entre a participar ni empresas privadas, ni fundaciones ni organizaciones de otro tipo.

Por todo ello, la organización defiende la necesidad de una gestión pública y directa por parte de la Administración sanitaria y “no como otros sindicatos que en su día estaban calladas ante el modelo de gestión y hoy se apuntan a ser los más defensores de lo público”.