Comisiones Obreras denuncia que la situación de “inestabilidad, incertidumbre y malestar generalizado” que se vive en el Hospital Provincial de Castellón después de que Sanidad pasara a controlar al 100 por ciento el centro es “insostenible” y el "ambiente es tóxico". Por ello, advierten a los empleados de La Ribera: “Espero que los trabajadores no pasen por el calvario que estamos pasando nosotros. Nuestra experiencia con la Consejería al frente es muy negativa y aunque nuestro consorcio es público al 100 por ciento y La Ribera es una concesión; en medio está ese equipo de gobierno”, matizan al respecto de la próxima reversión del Hospital de La Ribera a la gestión pública.
Amalio Palacios, responsable de CCOO del Consorcio del Hospital Provincial de Castellón, ha asegurado en declaraciones a Redacción Médica la falta de información y la "nula voluntad de negociación" que tiene Sanidad al respecto de las últimas decisiones que han ido adoptando. “Desde que ha llegado Montón quiere destruir lo construido y a partir de ahí viene toda nuestra situación”, un estado que describe como de “malestar generalizado en la plantilla”, “ambiente tóxico” y que todo ello “repercute en la calidad asistencial, como por ejemplo en el aumento de las listas de espera” entre otras cuestiones. Además, señala Palacios que el Provincial de Castellón ha pasado de ser un centro de preferencia para todos los sanitarios de la zona a ser “un sitio del que los profesionales se quieren ir”.
Comisiones Obreras denuncia que todas las actuaciones que tienen que ver con los trabajadores han sido irregulares y así vienen dándole la razón los tribunales en todos los pleitos que mantienen con la Consejería. Con un plan que se ha saldado con “la congelación del salario de las plantillas, la falta de respeto al derecho de negociación colectiva, amortizaciones de puestos de trabajo o 17 despidos, todos menos uno declarados improcedentes y el restante, nulo”. Estas decisiones judiciales están llevando a que se paguen “indemnizaciones millonarias con dinero público”, recuerda Palacios. Aun así, Palacios mantiene la esperanza de que toda esta situación se pueda encauzar de manera satisfactoria para el interés de los trabajadores y los usuarios: “Esperamos que impere el sentido común".
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