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Sanidad siguió las órdenes de Hacienda en sus contratos de mantenimiento

La Intervención advirtió contra la “parcelación” y la Consejería "dio debido cumplimiento" a sus requerimientos

Carmen Montón, consejera de Sanidad de la Generalitat Valenciana.

23 oct 2017. 16.20H
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POR REDACCIÓN
La Intervención de la Comunidad valenciana ha planteado objeciones ante el procedimiento que quería emplear la Consejería de Sanidad para resolver varios contratos del servicio de mantenimiento y de aire acondicionado en varias instalaciones públicas. El órgano de control entiende que la forma en la que Sanidad buscaba la aprobación de este gasto en la sede de sus servicios centrales suponía una “parcelación” de los contratos.
 
Fuentes de Sanidad han manifestado a Redacción Médica que esta situación es un simple “recordatorio” de la legislación y que “en ningún caso se ha incumplido ninguna normativa”, y en concreto aseguran que no se ha violado la norma que la que regula los fondos de caja fija. “Se ha aceptado la resolución de la Intervención General en todos sus puntos”, aseguran.
 
Según detectó la intervención en un primer informe, Sanidad parceló el bloque del servicio en varias partidas pequeñas para aceptar así las ofertas de varias empresas. “Resulta evidente que las mismas se encontraban integradas en un mismo poder adjudicador, por lo que se habría de haber tomado en consideración para calcular el valor estimado del contrato el valor total estimado para todas las unidades funcionales individuales”, mantiene la Intervención.

Desde la Consejería alegan que en la situación que se ha tenido que resolver, de “cobertura obligatoria de servicios fundamentales de mantenimiento”, con implicaciones técnicas y legales, “la gestión que ha llevado a cabo la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, ha sido la de mejor y mayor cobertura legal”.
 
Se cumplen las indicaciones de la Inrtervención
 
En concreto, y en lo relativo a la contratación del servicio de climatización de los edificios de los Servicios Centrales de la Consejería, “la gestión administrativa ha sido la requerida por el cumplimiento de la normativa de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el Reglamento de Instalaciones Térmicas.
 
“El posicionamiento de la Intervención General sobre el procedimiento administrativo es de desestimar, en primera instancia, una discrepancia de la Consejería con la Viceintervención Delegada, que, no obstante, se ha aceptado, dándole el debido cumplimiento”, explican estas mismas fuentes, que recuerdan que no se ha pagado ese contrato por caja fija. “La observación de la Intervención General no indica que se haya producido [ese pago], sino que es un simple recordatorio de la normativa vigente en la materia”.

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