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Sanidad pone en marcha la nueva ley para conciertos sanitarios

A partir de esta norma, se crearán acuerdos con entidades como el IVO

Ricardo Campos, subsecretario de la Consejería de Sanidad y Carmen Montón, consejera de Sanidad de la Comunidad Valenciana.

07 abr 2017. 09.00H
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POR REDACCIÓN
Este viernes entra en vigor la nueva ley de la Comunidad Valenciana sobre “acción concertada para la prestación de servicios a las personas en el ámbito sanitario”. El objeto de este marco legal es el de establecer las "medidas urgentes y necesarias para la puesta en funcionamiento del régimen de acción concertada”. A partir de esta norma, Valencia firmará convenios con entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro.

Según delimita la ley, la Administración podrá gestionar la prestación a las personas de servicios de carácter sanitario mediante tres formas. En primer lugar, “mediante gestión directa o con medios propios”; en segundo lugar, “mediante gestión indirecta con arreglo a alguna de las fórmulas establecidas en la normativa sobre contratos del sector público”. Por último, “mediante acuerdos de acción concertada con entidades públicas o con entidades privadas sin ánimo de lucro no vinculadas o creadas ad hoc por otra empresa o grupo de empresas con ánimo de lucro”.

Los conciertos deberán establecerse por un tiempo “no superior a cuatros años” y podrán ampliarse hasta un máximo de diez. Una vez transcurrido ese tiempo, se deberá firmar un nuevo acuerdo si la Administración quiere continuar el vínculo con la entidad que presta los servicios sanitarios.

Marco para el convenio del IVO

Esta nueva ley deberá servir como marco legal para el acuerdo, todavía pendiente, de la Consejería de Sanidad Universal y el Instituto Valenciano de Oncología (IVO). El referente en el tratamiento oncológico en la Comunidad lleva sin convenio un año, lo que ha ocasionado que se dejen de derivar pacientes de algunos hospitales.

Por otra parte, la Consejería asegura que se está trabajando en el convenio que permita la colaboración del IVO. Además, añade que la asistencia sanitaria no se ha visto afectada por la “falta de acuerdo” entre la Administración y la entidad privada sin ánimo de lucro y niega que se prohíba derivar pacientes.

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