La Generalitat Valenciana (GVA) ha autorizado una nueva partida dirigida a sufragar las
facturas pendientes que arrastraba la Consejería de Sanidad con más de un millar de empresas proveedoras por diferentes compromisos adquiridos durante la última legislatura por el anterior equipo de gobierno. El Consell ha dado luz verde a un desembolso extraordinario de más de
141 millones de euros para hacer frente a las deudas contraídas durante los últimos cinco ejercicios.
La orden, suscrita por la vicepresidenta Susana Camarero, contempla un aluvión de pagos para abonar las obligaciones económicas generadas por el departamento sanitario entre los años
2019 y 2023, cuando la Generalitat estaba presidida por el socialista
Ximo Puig en coalición con Compromís y Podemos en el conocido como
Pacto del Botánico.
Ahora, la Conselleria de Sanidad ha preparado un expediente que reúne
las facturas pendientes a un total 1.076 proveedores del sector salud a las que se contrató por diferentes motivos. En el listado figuran compañías farmacéuticas, empresas tecnológicas, distribuidoras de suministros, laboratorios, pero también empresas de servicios básicos que garantizan el funcionamiento del día a día en la práctica sanitaria. El documento contempla desde
deudas que superan los 5 millones hasta micropagos de apenas unas decenas de euros.
No es la primera vez que desde el Gobierno se activa una partida para abonar de golpe las facturas sanitarias pendientes. En abril ya se autorizaron otros
180 millones para atender al gasto derivado del suministro de materiales, la prestación de servicios o el alquiler de edificios, maquinaria o mobiliario durante los últimos tres años. Según las estimaciones de la Conselleria de Sanidad al inicio de la legislatura había más de
190.000 facturas acumuladas.
La deuda sanitaria, a debate en Les Corts
Precisamente, la responsabilidad sobre los impagos ha tomado fuerza en la sesión de control al gobierno del
Pleno de Les Corts celebrado este jueves. El presidente de la Comunidad Valenciana,
Carlos Mazón, ha aprovechado su comparecencia para manifestar su preocupación por los “retrasos” en los pagos de todo el conjunto de la administración. “
Llevamos 1.000 millones de impagos metidos en los cajones desde 2018”, ha lamentado desde la tribuna.
Su respuesta ha sido el resultado de un cruce de acusaciones con el portavoz de Compromís en la cámara valenciana,
Joan Baldoví, quien ha acusado a la Generalitat de Mazón de demorar sus pagos ya bajo su mandato. “El día que quiere hablamos de herencias recibidas del Gobierno del Botánic. No están para dar lecciones de nada.
Su gobierno es el segundo que más tarde paga a los proveedores. Eso es lo que les interesa a los valencianos”, ha concluido.
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